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Acuerdo entre Estados Unidos y China

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El gobierno de Trump firmó un primer acuerdo con China, que marca una tregua en la guerra comercial entre las superpotencias, con el que se pretende resolver uno de los asuntos más difíciles en su relación, como son las tácticas que emplea el país asiático para adquirir tecnología de empresas de Estados Unidos.
El acuerdo comercial preliminar suscrito el 15 de enero incluye el compromiso de China de suspender prácticas que significan el robo de secretos comerciales y que las empresas estadounidenses han criticado desde hace tiempo, un argumento que Washington presentó como fundamento legal para iniciar la guerra comercial hace casi dos años.
Pekín no ha reconocido que obligue a las empresas extranjeras a entregar tecnología, por el contrario, afirma que lo hacen por su propia voluntad, con tal de tener acceso al amplio y creciente mercado de China. De cualquier forma, los funcionarios chinos han dicho que ya están tomando medidas para calmar esa inquietud.
Las compañías estadounidenses afirman que sus homólogas chinas también emplean tácticas más sutiles para tener acceso a tecnología valiosa, como el exigir la suscripción de convenios de coinversión con empresas locales para poder hacer negocios en el país, como en el caso de la industria automotriz, o que cierto porcentaje del valor de un producto sea de fabricación local.
En la tregua comercial, los funcionarios chinos convinieron en no obligar a las empresas a transferir tecnología como condición para hacer negocios, además de aceptar sancionar a las que trasgredan o roben secretos comerciales. China también convino en abstenerse de utilizar a sus empresas para obtener tecnología delicada a través de compras.
Los funcionarios chinos emitieron el mes pasado normas que ponen en marcha gran parte de lo que prometieron al suscribir el convenio el 15 de enero, como reducir los requisitos de coinversiones en áreas como la automotriz.
El acuerdo comercial parcial incluye respetar  la aplicación de aranceles amplios sobre muchas industrias para evitar que los competidores chinos inunden el mercado estadounidense, y otorga el derecho de celebrar consultas en un plazo de 90 días si Estados Unidos considera que China no ha cumplido sus compromisos.