Redacción Negocios Now
En la Administración de Joe Biden, dos permisos que protegen a inmigrantes indocumentados de la deportación multiplicaron su entrega: el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y la Salida Forzada Diferida (DED, por sus siglas en ingles), que se estima protegen actualmente a más del 5 % de casi 21,6 millones de no ciudadanos.
Un análisis del Pew Research Center indica que cerca de 1,2 millones de esos inmigrantes sin documentos que residen en Estados Unidos reciben o son elegibles para el TPS, un permiso por tiempo limitado para vivir y trabajar en el país, así como para evitar una posible deportación.
El DED, entretanto, es otra forma de alivio temporal de la deportación que se otorga a discreción del presidente, y no como resultado de un proceso administrativo en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Pew no indica el número de beneficiarios de este permiso, pero afirma que creció.
El Gobierno federal ofrece tanto el TPS como el DED a inmigrantes calificados que viven en Estados Unidos y provienen de naciones seleccionadas a las que se considera inseguro regresar debido a guerras, desastres naturales u otras crisis.
Actualmente, ciertos inmigrantes de Liberia y Hong Kong tienen derecho al DED, que incluye autorización para trabajar, y el presidente Biden recién promulgó este permiso para inmigrantes de los Territorios Palestinos durante 18 meses a partir del 14 de febrero de 2024.
Son elegibles al TPS los inmigrantes que proceden de 16 países: El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, y Yemen. Desde 2021, el Gobierno de Biden agregó Afganistán, Camerún, Etiopía, Myanmar, Ucrania y Venezuela, este último con una quinta parte de los permisos.
También amplió los términos de elegibilidad para inmigrantes de la mayoría de naciones ya cubiertas por el TPS. Funcionarios federales de inmigración pueden otorgar este permiso hasta por 18 meses, según las condiciones en los países de origen, y extenderlo repetidas veces si persiste el peligro.
En 1990, el Congreso y el presidente George H.W. Bush autorizaron el programa TPS en la ley de inmigración, otorgando a la Casa Blanca poder ejecutivo para designar y extender el estatus. Los requisitos para obtenerlo son pertenecer a uno de los 16 países, pagar una tarifa, demostrar que se ha vivido en Estados Unidos y no tener antecedentes penales.
Pew menciona que las recientes ampliaciones del permiso beneficiaron a 480,000 inmigrantes de Venezuela, Camerún y Siria. De ellos, 472,000 son de Venezuela. “Las expansiones del Gobierno de Biden contrastan con los esfuerzos de la Administración Trump de poner fin al TPS para casi todos los beneficiarios”, dice el informe de PRC.
Algunos beneficiarios actuales del TPS están en el país desde hace dos décadas o más: los procedentes de Honduras y Nicaragua, desde 1998, y los de El Salvador, desde 2001. El total de inmigrantes con este permiso viven en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios de Estados Unidos, pero la mayor cantidad está en Florida, Texas, California y Nueva York.
En su primer día como presidente, Biden pidió al Congreso que aprobara una legislación que permitiría a los beneficiarios del TPS, que cumplan ciertas condiciones, solicitar inmediatamente tarjetas verdes de residencia que les permitirían convertirse en residentes permanentes legales, dice.
A los titulares de la tarjeta verde se les puede otorgar la ciudadanía estadounidense, si pasan verificaciones de antecedentes adicionales y cumplen con las condiciones habituales de naturalización de conocimiento del inglés y la educación cívica estadounidense, agrega Pew.
