Trump ordena fin de beneficios para indocumentados 

Redacción Negocios Now

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para finalizar los beneficios federales que reciben los extranjeros indocumentados, con el objetivo de parar “el apoyo y fomento a la inmigración ilegal”, informó la Casa Blanca.

El mandatario ordenó a las agencias federales identificar el gasto en beneficios públicos que llegan a inmigrantes sin un status legal, lo que es incompatible con una ley federal de 1996, dijo, así como buscar que los estados no usen fondos para políticas de “santuario”.

La legislación citada se refiere a una reforma de la asistencia social de hace 29 años, la cual establece como política nacional que “los extranjeros sin un status legal dentro de las fronteras de la nación no dependan de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades”.

La orden firmada por el presidente Trump especifica que, en particular, la administración de Joe Biden socavó los objetivos de esa ley federal, lo que en los últimos cuatro años significó “un gasto indebido de importantes recursos de los contribuyentes”.

Pretende “eliminar el incentivo para la inmigración ilegal que brinda la disponibilidad de beneficios públicos”, y poner fin “a todas las prestaciones financiadas por los contribuyentes para los extranjeros ilegales”, indica, pero no precisa a qué beneficios se refiere, destacaron reportes periodísticos.

Un cable de AP advirtió que los indocumentados generalmente no califican a la ayuda pública, excepto a la atencion médica de emergencia, mientras que los menores de edad reciben educación pública gratuita, en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo de 1982.

“Mi administración defenderá el estado de derecho, se defenderá contra el desperdicio de recursos de los contribuyentes ganados con esfuerzo y protegerá los beneficios para los ciudadanos estadounidenses necesitados, incluidos los individuos con discapacidades y los veteranos”, advirtió Trump.

El presidente estadounidense también ordenó garantizar que los pagos federales a los estados y localidades “no faciliten, por diseño o efecto, la subvención o promoción de la inmigración ilegal, ni apoyen las llamadas políticas de ‘santuario’ que buscan proteger a los extranjeros ilegales de la deportación”.

Para ello se deben “mejorar los sistemas de verificación de elegibilidad, en la mayor medida posible, a fin de garantizar que los beneficios financiados por los contribuyentes excluyan a cualquier extranjero no elegible que se encuentre ilegalmente en los Estados Unidos”.

Las agencias deben identificar todas las fuentes de financiamiento federal para extranjeros ilegales, recomendar acciones adicionales que alineen el gasto público con los propósitos de la orden, y denunciar cualquier uso indebido a los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional.

De acuerdo a reportes periodísticos, 14 estados presentaron, en 2021, una demanda para bloquear el financiamiento público  de beneficios para indocumentados, y garantizar la vigencia de una norma federal de carga pública que exige a los extranjeros confirmar que son autofinanciables antes de ingresar al país.

En 2023, un informe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos estimó que la vivienda y el refugio, la educación escolar pública, la atención sanitaria y varios programas de asistencia social costaron a los contribuyentes más de $451,000 millones de dólares.

Una publicación de The Center Square indica que cada año se gastan $42 mil millones de dólares (mdd) en programas de asistencia social para indocumentados; $69 mdd en educación escolar pública de niños sin estatus legal; y en uso de servicios de emergencia $7 mil mdd en 2021 y $5.4 mil mdd en 2022.