Trump ordena eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión

La Administración describió estos programas como “discriminatorios” y defendió un sistema de contratación estrictamente basado en el mérito.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Redacción Negocios Now

El presidente Donald Trump acaba de desmantelar las oficinas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en el Gobierno federal. La medida también ordena que todo el personal relacionado con DEI sea puesto en licencia paga y, eventualmente, despedido, según reportó The Associated Press (AP).

Mediante una orden ejecutiva, Trump revoca políticas históricas, como las establecidas por el presidente Lyndon Johnson, y elimina programas DEI relacionados con contratistas federales y beneficiarios de subvenciones. La Administración describió estos programas como “discriminatorios” y defendió un sistema de contratación estrictamente basado en el mérito.

La Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) emitió un memorando ordenando a las agencias que suspendan a sus empleados de DEI y eliminen cualquier página web pública relacionada con estas iniciativas antes de hoy miércoles por la tarde. También se cancelarán capacitaciones y contratos vinculados a DEI. E

Impacto en políticas y programas federales

La orden ejecutiva de Trump apunta a revertir los esfuerzos realizados durante la Administración Biden, que promovieron la diversidad y la inclusión en todos los niveles del Gobierno federal. Durante su mandato, Biden exigió a las agencias desarrollar planes de diversidad, emitir informes anuales y recopilar datos demográficos para rastrear tendencias de contratación y promoción.

Entre las medidas específicas, Biden también estableció un Consejo de Oficiales de Diversidad para supervisar la implementación de estos planes. El primer informe de progreso de DEI en 2022 mostró que el 60 % de la fuerza laboral federal era blanca y el 55 % masculina, con porcentajes aún mayores en niveles ejecutivos. La orden de Trump elimina estos planes, junto con las oficinas y los roles dedicados a promover la diversidad.

Revisión de contratos y subvenciones

La orden ejecutiva también busca revisar miles de millones de dólares en contratos y subvenciones federales, asegurándose de que cumplan con la nueva postura anti-DEI de la Administración. Esto podría afectar programas que benefician a minorías raciales y mujeres, incluidos créditos para agricultores de minorías y asistencia de emergencia en vecindarios mayoritariamente afroamericanos.

Dan Lennington, del Instituto de Derecho y Libertad de Wisconsin, describió la orden como un “cambio sísmico” en la dirección del Gobierno federal. Sin embargo, reconoció que desmantelar programas establecidos será un desafío, ya que muchas iniciativas están profundamente integradas en las operaciones de agencias como el Departamento del Tesoro.

Prácticas de equidad salarial y contratación

Algunas iniciativas adoptadas por la Administración Biden podrían ser más difíciles de eliminar, como la prohibición de preguntar el historial salarial a los candidatos para evitar disparidades salariales. Esta política, implementada tras un largo proceso regulatorio, cuenta con respaldo en varios estados y ciudades.

Además, algunas medidas de Biden, como la expansión de oportunidades laborales para personas con antecedentes penales, derivaron de leyes bipartidistas firmadas por Trump en 2019. Según expertos, estas políticas reflejan un enfoque para incluir a comunidades históricamente marginadas, no para discriminar a otros grupos.

Desafíos para implementar los cambios

A pesar de la amplitud de la orden ejecutiva, expertos señalan que la implementación de estos cambios será compleja y llevará tiempo. “Las políticas y procedimientos profundamente arraigados en las agencias federales no pueden simplemente apagarse de la noche a la mañana”, dijo Noreen Farrell, directora de Equal Rights Advocates.

Aunque la orden de Trump marca un cambio significativo en la dirección del Gobierno federal, su implementación total podría enfrentar obstáculos legales y administrativos, mientras que algunos programas bipartidistas podrían mantenerse intactos.