Redacción Negocios Now
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la Ley Laken Riley como la primera normativa de su Administración. Según un reporte de la Voz de América (VOA, por sus siglas en inglés), esta ley establece la detención federal obligatoria y la posible deportación de inmigrantes indocumentados acusados de robo y delitos violentos, incluso, antes de que sean condenados.
La legislación, aprobada rápidamente por el Congreso de mayoría republicana con cierto respaldo demócrata, ha sido criticada por defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes advierten que podría generar redadas masivas, afectando a personas por delitos menores como el hurto.
Trump ha posicionado la lucha contra la inmigración irregular como una de las piedras angulares de su mandato y sugiere que esta ley es solo el inicio de una serie de medidas en esta dirección.
“Esto muestra el potencial para nuevos proyectos de ley de seguridad que nos ayudarán a combatir a los extranjeros criminales y restaurar totalmente el Estado de derecho en nuestro país”, afirmó el mandatario durante una conferencia de republicanos en su club de golf Doral, en Florida.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia de 22 años que fue asesinada en febrero de 2024 por José Antonio Ibarra, un ciudadano venezolano que se encontraba en el país sin permiso de residencia. Ibarra fue condenado en noviembre a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
“Tener un proyecto de ley de tanta importancia nombrado en su honor es un gran, gran homenaje”, declaró Trump. “Esta nueva forma de crimen es masiva; los números son masivos, y eso se suma al crimen que ya teníamos”.
La rapidez con la que la ley fue aprobada por el Congreso y por Trump, a pocos días de asumir el cargo, la convierten en un símbolo político poderoso para los sectores conservadores.
Bajo la Ley Laken Riley, los funcionarios federales estarán obligados a detener a cualquier inmigrante arrestado o acusado de delitos como robo o agresión a un agente de policía, así como aquellos relacionados con muertes o heridas graves. Además, la legislación otorga a los fiscales generales estatales la capacidad de demandar al Gobierno federal por daños derivados de decisiones migratorias, permitiendo que líderes de estados conservadores influyan directamente en la política migratoria de Washington.