Redacción Negocios Now
Donald Trump avanzó en una de sus promesas electorales al firmar este jueves una orden ejecutiva desde el Despacho Oval, iniciando el proceso para desmantelar al Departamento de Educación. Con esta medida, el mandatario busca trasladar sus funciones a los estados y otorgar más poder a los padres en la educación de sus hijos, un objetivo largamente defendido por los sectores conservadores.
El documento firmado por Trump instruye a la nueva secretaria de Educación, Linda McMahon, a comenzar el proceso de reducción del departamento. Sin embargo, su disolución completa requiere la aprobación del Congreso, específicamente 60 votos en el Senado. Dado que los republicanos solo cuentan con 53 escaños y se espera que los demócratas se opongan en bloque, la iniciativa enfrenta un difícil camino legislativo.
Recorte en la administración educativa
Aunque McMahon no puede eliminar el Departamento de Educación por completo sin el aval del Congreso, sí tiene la capacidad de reducir significativamente su tamaño y funciones dentro del marco legal. Esto podría implicar trasladar varias responsabilidades a otras agencias gubernamentales, lo que podría derivar en disputas legales.
Se espera que la estrategia siga el patrón de reducción drástica implementado en otras instituciones gubernamentales, como el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, que ha aplicado recortes profundos en personal, programas y subvenciones. De hecho, la Administración ya ha iniciado el proceso de reducción de la plantilla del Departamento de Educación, recortando casi la mitad de su fuerza laboral.
A diferencia de sus equivalentes en Europa, el Departamento de Educación de EE.UU. no tiene control sobre los planes de estudio, ya que esta función recae en los estados. Sin embargo, sí administra fondos federales para la educación, gestiona préstamos estudiantiles, investiga denuncias de discriminación, y supervisa el desempeño nacional en matemáticas y lectura. También maneja subvenciones por 18,400 millones de dólares para escuelas en comunidades de bajos ingresos y destina otros 15,500 millones a programas de educación para estudiantes con discapacidades.
Incertidumbre sobre los préstamos estudiantiles
Uno de los aspectos más preocupantes de esta medida es el impacto en el programa federal de préstamos estudiantiles, que asciende a 1.6 billones de dólares. Estos préstamos se otorgan con la condición de que las universidades cumplan con ciertas normativas federales. Con los cambios propuestos, miles de estudiantes y graduados podrían enfrentar incertidumbre sobre el pago de sus deudas, que en muchos casos los afectan durante décadas.
El trasfondo de la decisión de Trump radica en la creencia de que la gestión educativa federal ha estado dominada por funcionarios progresistas durante demasiado tiempo. Según esta visión, estas autoridades han impuesto una agenda woke, que incluye la enseñanza sobre igualdad de género, la historia del racismo en EE.UU. y los derechos de la comunidad LGBTQ+.
Durante su campaña, Trump afirmó que “las escuelas públicas han sido tomadas por los radicales de la izquierda” y que una de sus prioridades sería “devolver el poder a los padres estadounidenses”.
También prometió cortar la financiación federal a programas que promuevan la teoría crítica de la raza, la ideología de género o cualquier contenido que considere políticamente inapropiado. Otras medidas incluyen prohibir la participación de atletas trans en deportes femeninos y eliminar lo que describe como “marxismo” en las escuelas, el cual, según él, va en contra de los valores judeocristianos.
