Redacción Negocios Now
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un aumento de los aranceles globales a las importaciones hasta el 15 %, apenas un día después de que la Corte Suprema dictaminara que una parte sustancial de los gravámenes impuestos previamente eran ilegales.
El fallo del máximo tribunal determinó que la administración había excedido su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles amplios sin la participación del Congreso.
La Constitución estadounidense otorga al poder legislativo la facultad de establecer impuestos y aranceles, y la Corte consideró que el Ejecutivo no podía apoyarse en una declaración de emergencia para aplicar tarifas comerciales de forma generalizada.
En respuesta inmediata, la Casa Blanca activó otra base legal: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta disposición permite al presidente imponer aranceles temporales de hasta el 15 % durante un máximo de 150 días sin aprobación previa del Congreso, como mecanismo para enfrentar desequilibrios en la balanza de pagos o situaciones comerciales consideradas críticas.
Inicialmente, tras el fallo judicial, Trump había anunciado un arancel del 10 %. Sin embargo, en su más reciente declaración decidió elevarlo al 15 %, el límite máximo permitido bajo esta nueva autoridad legal.
La Administración argumenta que la medida busca proteger la economía estadounidense frente a déficits comerciales persistentes y prácticas consideradas desleales por parte de otros países.
La decisión ha generado inquietud en los mercados y preocupación entre socios comerciales clave. Representantes empresariales europeos han advertido que el aumento podría encarecer exportaciones hacia Estados Unidos, mientras que funcionarios de la Unión Europea han solicitado claridad sobre el alcance y la duración de la medida.
Analistas económicos también señalan que este tipo de aranceles suele trasladarse parcialmente a los consumidores, elevando precios en bienes importados.
En el plano interno, el movimiento refleja la intención de la administración de mantener una política comercial firme pese al revés judicial, recurriendo a distintos instrumentos legales para sostener su estrategia proteccionista.
No obstante, expertos en comercio internacional advierten que el debate legal podría continuar si se cuestiona la aplicación de esta nueva base normativa.