Redacción Negocios Now
El presidente Donald Trump firmó este martes un amplio paquete de gastos aprobado por el Congreso, lo que permitió levantar el cierre parcial del Gobierno federal que se había extendido por apenas tres días.
Sin embargo, la solución fue temporal: el acuerdo establece un nuevo plazo crítico en dos semanas, cuando volverá a discutirse el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
La Casa Blanca y la dirigencia republicana presionaron con fuerza para lograr respaldo interno y evitar una crisis mayor, conscientes del costo político que tendría repetir un cierre prolongado como el ocurrido el otoño pasado, que mantuvo a Washington paralizado durante 43 días.
La votación en la Cámara de Representantes representó una victoria ajustada tanto para Trump como para el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien debió negociar intensamente con un bloque republicano dividido.
El proyecto aprobado garantiza fondos para aproximadamente tres cuartas partes de las agencias federales, brinda previsibilidad tras meses de negociaciones tensas y reduce levemente el gasto total del Congreso.
Al mismo tiempo, preserva partidas clave como los programas del Instituto Nacional de Salud, las becas Pell para estudiantes y los fondos destinados a la seguridad electoral. También incluye prioridades impulsadas por Trump, como aumentos salariales para el personal militar y nuevas inversiones en seguridad aérea.
No obstante, el acuerdo deja fuera el financiamiento definitivo del Departamento de Seguridad Nacional, una exclusión que anticipa un nuevo enfrentamiento político. Johnson advirtió que la discusión más dura comenzará ahora, centrada en las políticas de inmigración y el rol de las agencias federales de control fronterizo.
Durante el proceso legislativo, un grupo de republicanos conservadores intentó bloquear el proyecto al exigir que se incluyera una ley de identificación obligatoria de votantes.
La resistencia fue liderada por la congresista Anna Paulina Luna, de Florida, quien reclamó condiciones más estrictas para los comicios. Trump intervino directamente para desactivar la rebelión, manteniendo conversaciones personales con legisladores en la Casa Blanca y a través de llamados telefónicos, además de enviar a su equipo al Capitolio para asegurar los votos necesarios.
Aunque algunos legisladores que se opusieron inicialmente afirmaron no haber recibido compromisos concretos, la dirigencia republicana les aseguró que buscará reactivar el debate sobre identificación de votantes por otras vías, aun reconociendo que la propuesta carece actualmente de respaldo suficiente en el Senado.
En paralelo, Trump alcanzó un acuerdo privado con el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, para establecer un financiamiento provisional del DHS. La decisión busca enfriar la creciente controversia nacional en torno al accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de muertes recientes que reavivaron el debate sobre el alcance y los límites de la aplicación de la ley migratoria.
Ahora, republicanos y demócratas disponen de dos semanas para negociar un acuerdo sobre el financiamiento del DHS y posibles cambios en la supervisión de ICE. De no lograrse un consenso, el país podría enfrentar un nuevo cierre, esta vez afectando directamente a agencias clave como la TSA y FEMA, con impacto inmediato en la seguridad y los servicios públicos.