Redacción Negocios Now
En una decisión que podría tener amplias repercusiones, el presidente Donald Trump ordenó la suspensión temporal de todos los pagos de asistencia financiera federal, según un memorando de dos páginas emitido por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).
El documento, obtenido por el medio Político, instruye a todas las agencias federales a detener los pagos, con la excepción de los destinados a los programas Medicare y Medicaid. Esta medida podría congelar miles de millones de dólares en subvenciones destinadas a gobiernos estatales y locales, afectando potencialmente a programas clave que benefician a numerosos hogares.
Aunque el memorando indica que la pausa en los fondos no afecta a la asistencia entregada “directamente a las personas”, no detalla si incluye los fondos que primero pasan por estados u organizaciones antes de llegar a los beneficiarios.
El texto tampoco especifica con claridad qué pagos serán detenidos. Sin embargo, establece de forma general que todas las agencias deben suspender “temporalmente” las transferencias que puedan verse involucradas en las acciones ejecutivas de Trump.
Entre los fondos afectados se encuentran los relacionados con la Ley de Reducción de la Inflación y el paquete de infraestructura bipartidista aprobado en 2021. Además, se implementará una suspensión de 90 días para la ayuda exterior. La orden plantea incertidumbre sobre el alcance y la duración de las interrupciones, así como sus consecuencias para los programas sociales y proyectos de infraestructura en curso.
Demócratas condenan la orden
Según un reporte de The Washington Post, los legisladores demócratas criticaron enérgicamente la orden ejecutiva, calificándola de medida que probablemente cause caos y trastornos a millones de personas en Estados Unidos.
“Dicen que esto es solo temporal, pero nadie debería creerles”, afirmó el líder de la minoría en el Senado, Charles E. Schumer (D-Nueva York), en un comunicado. “Donald Trump debe instruir a su Administración para que revierta esta decisión de inmediato, y el dinero de los contribuyentes debe ser distribuido a las personas. El Congreso aprobó estas inversiones y no son opcionales; son ley”.
La legalidad de la orden podría ser cuestionada, aunque los expertos en presupuesto señalan que, en ciertas condiciones, el presidente tiene permitido aplazar gastos temporalmente. Sin embargo, para cumplir con la ley, Trump debe detallar cuáles cuentas presupuestarias están congeladas, y la orden de la Oficina de Administración y Presupuesto puede no haber proporcionado fundamentos legales suficientes para pausar los fondos.
Aunque la orden pretende eximir a los beneficiarios directos de la ayuda, los estadounidenses de bajos ingresos podrían verse afectados. Por ejemplo, los fondos federales para el programa de educación infantil Head Start se entregan a instalaciones de cuidado infantil, no a individuos. Asimismo, el programa federal que brinda asistencia energética a personas de bajos ingresos canaliza los recursos a través de los estados.
Posibles impactos de mayor alcance
Donald Kettl, profesor emérito y exdecano de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland, comentó a The Washington Post que el lenguaje del memorando es confuso, lo que dificulta entender sus efectos específicos. Según Kettl, habrá un pánico generalizado, ya que gobiernos estatales y locales, así como las personas más dependientes de subvenciones federales, se verán obligados a averiguar si y cuándo se detendrán los flujos de efectivo.
“En dos páginas, hemos visto cómo se pone en juego lo que equivale a 60 años de tradición y políticas”, afirmó Kettl, quien ha trabajado como consultor para varias agencias gubernamentales. “Para quienes más sufren, añadió, la incertidumbre será inmensa”.
G. William Hoagland, vicepresidente sénior del Centro de Políticas Bipartidistas, dijo que la Administración debería tener la capacidad legal para pausar los fondos temporalmente, pero necesitaría presentar una solicitud formal al Congreso, si el período de suspensión se extiende más allá de lo permitido.
No obstante, Hoagland y otros expertos en presupuesto han expresado preocupación por las promesas de Trump de quitarle al Congreso el control sobre el gasto. Según Hoagland, este aplazamiento podría ser un precursor de un intento más amplio por ampliar los poderes ejecutivos en el manejo del presupuesto. “Me preocupa que esto sea un esfuerzo por no implementar las leyes vigentes relacionadas con el proceso presupuestario. Y en términos de impacto, podría ser enorme”, advirtió.
