Trump congela fondos a estados demócratas en medio del cierre del Gobierno

Durante la primera Administración Trump, en 2019, otro cierre de Gobierno se extendió por 35 días, el más largo en la historia del país.

Redacción Negocios Now

El presidente Donald Trump intensificó las tensiones políticas en Washington al ordenar la congelación de aproximadamente 26 mil millones de dólares destinados a estados con gobiernos demócratas, en medio del actual cierre parcial del Gobierno federal.

La medida, anunciada el primero de octubre, ha sido interpretada por líderes estatales como una acción de represalia política que amenaza programas sociales, de infraestructura y de salud en algunas de las regiones más pobladas del país.

El cierre del Gobierno se produjo después de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo un paquete de financiamiento federal. En este contexto, la Casa Blanca instruyó al Departamento del Tesoro a retener fondos previamente asignados a estados como California, Nueva York e Illinois, bajo el argumento de que es necesario “revisar la eficiencia del gasto y asegurar que los recursos se utilicen de manera que favorezcan a los contribuyentes”.

“Los demócratas en el Congreso han preferido el caos a la cooperación, y no podemos seguir financiando proyectos que no benefician a los estadounidenses de manera justa”, dijo un portavoz de la Casa Blanca.

Sin embargo, gobernadores de estados afectados denunciaron que la medida es un castigo político que pone en riesgo servicios esenciales, desde hospitales públicos hasta programas de asistencia alimentaria.

La decisión llega en un momento de alta incertidumbre económica. Analistas advierten que la congelación de fondos puede afectar directamente a trabajadores estatales, proyectos de infraestructura en curso y hasta programas de ayuda a pequeñas empresas.

En Nueva York, por ejemplo, parte del dinero retenido estaba destinado a la modernización del sistema de transporte público, mientras que en Illinois se utilizaba para reforzar hospitales comunitarios.

Organizaciones de derechos civiles y expertos legales anticipan una ola de demandas contra la administración Trump, argumentando que la Constitución prohíbe al Ejecutivo condicionar recursos federales ya aprobados por el Congreso en función de criterios partidistas.

La medida no solo profundiza la polarización política, sino que plantea interrogantes sobre el impacto a mediano plazo en la confianza de los inversionistas y en la estabilidad del aparato gubernamental.

Economistas señalan que cada semana de cierre del Gobierno federal le cuesta a la economía estadounidense cerca de 1,5 mil millones de dólares, una cifra que podría incrementarse si los estados ven paralizados proyectos clave.

Antecedentes de conflictos similares

No es la primera vez que un presidente estadounidense enfrenta críticas por condicionar fondos federales. En 2013, el presidente Barack Obama se enfrentó a un prolongado cierre de Gobierno tras el rechazo republicano a financiar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, lo que provocó la suspensión de numerosos servicios federales.

Durante la primera Administración Trump, en 2019, otro cierre de Gobierno se extendió por 35 días, el más largo en la historia del país, debido a la disputa por el financiamiento del muro fronterizo con México.

Asimismo, en 1977, bajo la presidencia de Jimmy Carter, se vivió una serie de cierres parciales que paralizaron temporalmente programas sociales y servicios básicos, aunque sin llegar al nivel de confrontación partidista que se observa en la actualidad.

Estos antecedentes muestran que los cierres de gobierno en EE. UU. no son inusuales, pero la utilización de los fondos federales como herramienta de presión política contra estados específicos representa una escalada inédita.