Trump busca aval del Supremo para permitir detenciones por perfil racial

La Administración pretende que hablar español, tener acento o trabajar en ciertos oficios pueda ser suficiente para que el ICE detenga a una persona.
Construction worker hammering nail on construction site

Redacción Negocios Now

Donald Trump y su Administración están defendiendo ante el Tribunal Supremo la posibilidad de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detenga a personas basándose en características como hablar español, tener acento, desempeñar ciertos trabajos, como construcción, o aparentar ser latinas.

La solicitud del Gobierno busca anular la orden de una jueza federal en California que prohíbe estos arrestos, una medida que afecta especialmente a Los Ángeles y su área metropolitana, donde casi la mitad de la población es de origen latino.

El tribunal de apelaciones mantuvo la prohibición, y ahora el Ejecutivo ha recurrido al Supremo, que ya ha respaldado en el pasado otras políticas migratorias controvertidas de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que esos factores pueden ser indicios válidos para sospechar que alguien se encuentra indocumentado en el país. Argumenta que la restricción judicial interfiere con la labor de las autoridades en una región clave para el control migratorio.

La jueza Maame E. Frimpong determinó que el ICE no tenía fundamentos legítimos para la mayoría de sus detenciones en Los Ángeles y calificó las operaciones como una presencia intimidante que generaba temor de “ser secuestrado”.

El caso incluye testimonios de ciudadanos estadounidenses de origen latino que fueron detenidos de manera violenta, incluso mostrando documentos que acreditaban su estatus legal.

Organizaciones de derechos civiles, como la ACLU y UnidosUS, advierten que permitir estas prácticas podría llevar a una de las campañas más amplias de deportación en la historia moderna del país, afectando gravemente a la comunidad latina, con ecos de las expulsiones masivas de los años treinta.

Desde el inicio del verano, el ICE ha llevado a cabo redadas masivas en el sur de California, provocando protestas y miedo en la población. Muchos residentes han dejado de ir al trabajo, de llevar a sus hijos a la escuela o de salir a la calle por temor a ser arrestados.

El Gobierno, por su parte, argumenta que hablar español, tener cierto aspecto o trabajar en sectores, como la construcción o el mantenimiento, no son los únicos criterios, pero sí pueden contribuir a decidir una detención.

Los defensores de los inmigrantes señalan que estas acciones han resultado en agresiones físicas, detenciones injustificadas y un clima generalizado de inseguridad para miles de personas, incluidas aquellas con ciudadanía estadounidense.