Redacción Negocios Now
La Administración de Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra los beneficiarios de DACA, el programa que protege de la deportación a más de medio millón de jóvenes inmigrantes conocidos como dreamers.
Aunque antes de regresar a la Casa Blanca el presidente dijo que deseaba que pudieran permanecer en Estados Unidos, su gobierno ha comenzado a endurecer la postura y a enviar un mensaje inesperado: que consideren la “autodeportación”.
“DACA no concede un estatus legal en el país”, afirmó Tricia McLaughlin, portavoz adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en declaraciones a NPR.
La funcionaria incluso sugirió que quienes se encuentran sin papeles “aprovechen la oportunidad” de salir y después intentar regresar de manera legal.Las palabras han causado indignación en una comunidad que desde 2012 vive con la incertidumbre sobre su futuro.
Según la organización FWD.us, los soñadores tienen en promedio 32 años, casi la mitad está casada, más del 50 % tiene hijos y cada año aportan alrededor de 16.000 millones de dólares a la economía. Aun así, deben renovar sus permisos cada dos años y están sujetos a los vaivenes de la política migratoria.
En los últimos meses, se han reportado detenciones de beneficiarios de DACA, lo que representa un giro preocupante, pues el programa los había protegido de redadas y deportaciones. Organizaciones como United We Dream denuncian que estas acciones destruyen familias y comunidades.
Según los cálculos, unos 250.000 niños ciudadanos tienen al menos un padre con DACA, lo que convierte cualquier intento de desmantelar el programa en una amenaza directa a miles de hogares. El contraste con el discurso que en 2012 ofreció Barack Obama, cuando presentó DACA, es evidente.
En ese entonces, el expresidente apeló a la empatía: “Imaginen que han hecho todo bien, que han estudiado y trabajado duro, solo para enfrentarse a la posibilidad de ser deportados a un país que no conocen”.
Ese mensaje abrió la puerta para que cientos de miles de jóvenes accedieran a permisos de trabajo, licencias de conducir y, por primera vez, a vivir sin miedo a ser deportados.
Hoy, esa seguridad vuelve a estar en entredicho, pues los dreamers enfrentan no solo la incertidumbre política de cada gobierno, sino ahora también el llamado oficial a que renuncien a la vida que han construido en Estados Unidos.