Trump acude a arrendadores para conseguir datos de inquilinos migrantes

Redacción Negocios Now

La Administración de Donald Trump ha implementado un nuevo método para ubicar a migrantes indocumentados: solicitar a propietarios de viviendas información detallada sobre sus inquilinos.

Por lo que ha trascendido, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha comenzado a enviar citaciones en las que exige contratos de alquiler, copias de identificaciones y otros documentos que podrían revelar el estatus migratorio de los arrendatarios.

Estas solicitudes, que en algunos casos incluyen datos como estado civil e historial laboral, son emitidas por la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Aunque no están firmadas por un juez, advierten que la negativa a cooperar podría llevar a sanciones judiciales.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) recuerda que las citaciones de ICE no son de cumplimiento obligatorio a menos que provengan de una orden judicial. Solo si un juez ordena entregar la información y el propietario se niega, podrían aplicarse sanciones.

Además, los inquilinos tienen derecho a la privacidad, incluida su situación migratoria, y los caseros no están capacitados para determinar estatus legales como TPS, visas especiales o libertad condicional.

Otra medida reciente

Esta estrategia se suma a otra acción impulsada por la Administración Trump: un acuerdo entre el DHS y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que otorga al ICE acceso a los datos personales de 79 millones de beneficiarios de Medicaid, el seguro médico federal y estatal para personas de bajos recursos.

La información —que incluye nombres, direcciones, fechas de nacimiento, datos étnicos y raciales, y números de Seguro Social— será utilizada por los agentes para localizar a inmigrantes en situación irregular y agilizar deportaciones.

Según la agencia AP, que tuvo acceso al documento, el pacto no permite que ICE descargue la base completa, pero sí consultar los datos por un tiempo limitado hasta el 9 de septiembre. Organizaciones defensoras de derechos civiles han alertado que esta medida podría aumentar la desconfianza hacia el sistema de salud pública y poner en riesgo la atención médica de comunidades vulnerables.