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Vacunación de niños contribuirá a controlar la pandemia

Vacunación de niños contribuirá a controlar la pandemia

La vacunación contra el Covid-19 de niños de 5 a 11 años contribuirá a controlar el virus en el país al aumentar el número de personas con inmunidad, dijeron el viernes expertos, que garantizaron la seguridad y eficacia de inocular a los menores contra el virus.

Asimismo, además de reducir la circulación del virus y proteger la salud integral de los menores y del resto de la sociedad, tendrá un fuerte impacto en el bienestar mental de los más jóvenes, que han sido impactados tras 20 meses de pandemia, señalaron durante una conferencia virtual.

“Es verdad que vacunando a los niños de 11 y 5 años sería extremadamente esperanzador en el país porque todavía estamos a nivel del 68 por ciento de personas vacunadas entre mayores de 12 años”, dijo la doctora Monica Gandhi, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, en San Francisco.

Gandhi fue una de las oradoras de una conferencia organizada por Ethnic Media Services sobre el impacto que tendrá en la pandemia la campaña de vacunación de los menores, la cual inició el pasado 2 de noviembre luego de que la vacuna fuera autorizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), para ese grupo de edad.

“Los 28 millones de niños agregarán más personas al grupo con inmunidad y el virus encontrará cada vez menos huéspedes. La inmunidad natural también, de una manera muy difícil, conducirá a una mayor inmunización en la población”, explicó la experta.

De acuerdo con las autoridades federales, la campaña de vacunación de los menores ha tenido un buen comienzo al haber recibido la primera dosis aproximadamente 900,000 niños durante la primera semana en la que podía acceder a ella, lo que representa un 3 por ciento de la población en ese rango de edad.

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Vacunar a un mayor porcentaje de la población ayudará a mantener el virus “en un nivel bajo” pues ahora, tras el surgimiento de la variante delta, los epidemiólogos ya no hablan de alcanzar la inmunidad de rebaño y utilizan en vez el concepto de “control”, explicó la académica universitaria.

Gandhi resaltó la importancia de vacunar a los pequeños tras recordar que la variante delta ha provocado un aumento de las hospitalizaciones infantiles y, a pesar de que el riesgo para ellos es menor que para los adultos, ha sido una de las principales causas de muerte de niños en los últimos meses.

Según datos de los CDC, desde el comienzo de la pandemia se han registrado dos millones de casos de Covid-19 entre menores de entre 5 y 11 años, 8,300 hospitalizaciones y 94 muertes.

Además de proteger a los menores, “la vacuna reduce de manera sustancial la transmisión del virus a otros”. “Por qué esto es importante, es importante porque vivimos en comunidad, con padres, abuelos”, manifestó.

Aunque los CDC recomiendan la segunda dosis tres semanas después de la inicial, la experta de la Universidad de California considera que la segunda dosis se debería recibir entre 6 y 8 semanas después, para una mejor respuesta del sistema inmunológico, según revelan investigaciones.

“Hemos visto a muchos niños emocionados por recibir la vacuna y los niños generalmente no se emocionan por vacunarse… ha sido bien gratificante ver tantas familias ansiosamente esperando la vacuna. Estas familias esperan volver a tener cierto sentido de normalidad en sus vidas”, dijo por su parte la pediatra Jennifer Miller, del Alta Bates Summit Medical Center, en California, durante su intervención en la conferencia.

Por otro lado, Miller asegura que también ha visto a otros padres que se han mostrado “más cautelosos y vacilantes” sobre vacunar a sus hijos, por posibles efectos a largo plazo o por reacciones secundarias, a pesar de que muchos ya se han inmunizado contra el virus, una situación que se ha presentado más en comunidades de color.

“El grupo que muestra una actitud de esperar me preocupa, me molesta, porque en los últimos 20 meses he lidiado con un número alto de casos de intenciones suicidas, depresiones y ansiedad. No solamente estamos lidiando con una pandemia de Covid, sino también con una pandemia de salud mental”, advirtió la doctora.

De acuerdo con Miller, ”estos niños y adolescentes que han sido removidos de todo lo que es normal: su trabajo escolar, sus amigos, sus deportes, sus clubes y sus actividades, están deprimidos y ansiosos, están preocupados porque han perdido familiares, están tristes y deprimidos”.

La esperanza era que, una vez las clases presenciales se reanudaran, la depresión y la ansiedad se redujera en los niños, dijo la pediatra, sin embargo, aunque la situación registró una mejoría, afirma que sigue viendo a “un gran número de pacientes sufriendo”.

“La decisión de no vacunarse, es la decisión de enfermarse del virus, el virus no se va a ir a ninguna parte”, manifestó Miller, quien reiteró que está comprobado que la inmunización es segura y efectiva.

María Elena Meraz, fundadora y directora de Parent Engagement Academy, que trabaja con padres inmigrantes en Los Ángeles, dijo por su lado que muchas familias han manifestado preocupación por la vacuna en los niños.

“Estos padres son de bajos recursos y muchos de ellos no tienen acceso a un televisión por cable o internet… y muchos obtienen la información de fuentes que no son las mejores, de amigos y familiares, que les mandan videos por WhatsApp, con mucha desinformación, y también por Facebook y YouTube y ellos no saben exactamente qué está pasando. Hay mucha desinformación. Lo que estamos oyendo es que dicen que prefieren esperar a ver qué pasa”, aseguró Meraz.

La enfermera escolar Madison Sandoval, por su parte, dijo que ha percibido un ambiente emotivo por la posibilidad que tienen ahora los más pequeños de vacunarse, algo que ven como una forma de volver a tener una vida normal.

La vacuna de Pfizer/BioNTech para los niños de entre 5 y 11 años -que es de 10 microgramos, un tercio del suero de los adultos- estará disponible para este grupo en 200,000 farmacias, clínicas y consultorios médicos, según la administración del presidente Joe Biden.

Marcelo Wheelock/Negocios Now

United Airlines lograr convencer a más empleados que se vacunen

United

La aerolínea estadounidense United Airlines dijo que el número de sus trabajadores en proceso de despido por negarse a vacunarse contra la covid-19 se ha reducido casi a la mitad tras anunciar hace dos días que se había cumplido la fecha límite para unos 600 empleados.

“Nuestra política de vacunas sigue demostrando que los requisitos funcionan: en menos de 48 horas, el número de empleados sin vacunar que empezaron el proceso de ser separados de la empresa se ha reducido casi a la mitad, de 593 a 320”, indicó la firma en una declaración.

“Eso significa que el 99.5 % de los empleados de United en EE.UU. -unos 67,000 en total- han elegido vacunarse, excluyendo a los que han buscado una exención” por motivos de salud o religiosos, agregó la empresa.

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United Airlines requirió a principios de agosto que toda su plantilla en el país se vacunara en las siguientes semanas o afrontara un despido, una de las políticas más estrictas registradas entre las grandes empresas, ya que a diferencia de otras no propone hacerse pruebas frecuentes de covid-19 como alternativa al pinchazo.

El cambio se ha debido, sobre todo, a que los empleados enviaron tarde sus tarjetas de vacunación y además la empresa confía en que haya más vacunados que aún no lo han notificado.

La dirección de United agradeció sus empleados haber cedido y reafirmó que comenzaría el proceso de despido, que puede llevar semanas, para aquellos que no se hubieran vacunado, lo que visiblemente ha servido de llamada de atención.

Otras aerolíneas del país se han mantenido al margen y no han impuesto a sus empleados vacunarse, aunque Delta Airlines ha buscado incentivarlo subiendo la prima del seguro médico para quienes estén suscritos a su plan y no se vacunen, alegando que las hospitalizaciones suponen un alto coste. (EFE)

Exenciones “religiosas” agregan más complicación a los mandatos de vacunación

Exenciones “religiosas”

En el norte de California, el pastor de una mega iglesia reparte formularios de exención religiosa a sus feligreses. Un senador estatal de Nuevo México ayudará con este documento, apuntando al uso de células fetales en el desarrollo de algunas vacunas, décadas atrás.

Y un evangelista con sede en Texas ofrece cartas de exención a cualquier persona, por una “donación” sugerida a partir de $25.

Con los mandatos de vacunas en los lugares de trabajo más cerca, los que se oponen están recurriendo a un argumento, que en muchas ocasiones ha sido efectivo, para evitar vacunarse contra covid-19: que las vacunas interfieren con sus creencias religiosas.

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Ninguna iglesia mayor se opone a la vacunación. Incluso la Christian Science Church, cuyos seguidores dependen en gran medida de la oración en lugar de la medicina, no impone una política oficial. Aconseja “respeto por las autoridades de salud pública y obediencia consciente a las leyes del país, incluidas las que requieren vacunación”.

Y si una persona afirma que sus creencias religiosas prohíben la vacunación, es poco probable que el argumento se pueda sostener en una corte, dicen expertos legales. Aunque algunos miembros del clero se han manifestado en contra las vacunas, no tienen una justificación en los textos religiosos para sostener sus posiciones.

Aún así, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de los Estados Unidos otorga un amplio margen de maniobra a lo que constituye una creencia religiosa sincera. Como resultado, algunos expertos predicen que la mayoría de los empleadores y administradores no querrán desafiar tales objeciones de sus empleados.

“Tengo la sensación de que no mucha gente va a querer pelear por este tema”, dijo el doctor John Swartzberg, experto en enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad de California-Berkeley.

La aprobación completa por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de la vacuna de Pfizer-BioNTech el 23 de agosto podría llevar el tema a un punto crítico. Muchas agencias gubernamentales, proveedores de atención médica, universidades y el Ejército habían estado esperando antes de volverla mandatoria.

California, que abolió las exenciones no médicas para la vacunación infantil en 2015, ha liderado el camino en los mandatos de vacunas contra covid. La orden del 26 de julio del gobernador demócrata Gavin Newsom para que los empleados estatales y los trabajadores de salud se vacunen por completo o se sometan a pruebas semanales fue la primera de su tipo, al igual que una declaración similar el 11 de agosto para todos los maestros y el personal de las escuelas públicas y privadas.

El sistema de la Universidad Estatal de California de 23 campus se unió a la Universidad de California (UC) para exigir la vacunación de todos los estudiantes y el personal, y compañías como Google, Facebook y Twitter han anunciado una prueba obligatoria de vacunación para los empleados que regresan a sus oficinas.

UC exige prueba de vacunación para todo el personal y los estudiantes en sus 10 campus, una decisión que potencialmente afecta a medio millón de personas. Pero como muchas otras empresas, deja espacio para aquellos que quieran solicitar una exención “por motivos médicos, de discapacidad o religiosos”, y agrega que la ley lo exige.

Nada en la historia sugiere que una gran cantidad de estudiantes o miembros del personal usen este recurso, pero ninguna conversación previa sobre vacunas ha sido tan abiertamente politizada como la que surgió en torno a covid.

“Este país va a cumplir mandatos. Así es. Se han probado todas las demás alternativas”, dijo la doctora Monica Gandhi, experta en enfermedades infecciosas de UC-San Francisco. “Esa frase, ‘exención religiosa’, es muy amplia. Pero va a ser bastante difícil en el clima actual, en una crisis de salud masiva, con una vacuna que funciona, simplemente dejar pasarlas”.

Las iglesias anti-vacunas han ofrecido durante mucho tiempo a los padres reacios formas de eximir a sus hijos de las vacunas, pero en estos días las iglesias, los negocios religiosos basados ??en Internet y otros parecen estar ofreciendo exenciones de vacunación por covid al por mayor.

El doctor Gregg Schmedes, senador estatal republicano y otorrinolaringólogo en Nuevo México, usó una publicación de Facebook del 19 de agosto para dirigir a los trabajadores de salud “con la creencia religiosa de que el aborto es inmoral” hacia un sitio que intenta catalogar el uso de células de fetos producto de abortos para probar o producir varias vacunas contra covid. Una vacuna distribuida en los Estados Unidos, la de Johnson & Johnson, no las usa, pero sí se produce utilizando un cultivo celular que se originó en parte en las células de la retina de un feto abortado en 1985.

Así y todo, el Vaticano ha considerado “moralmente aceptable” vacunarse contra covid. De hecho, el Papa Francisco lo declaró “una elección moral porque se trata de su vida, pero también de la vida de los demás”. En un número creciente de diócesis, Chicago, Philadelphia, Los Ángeles y Nueva York, entre otras, los obispos han instruido a los sacerdotes y diáconos a no firmar ninguna carta que otorgue el “imprimatur” (el sello oficial) de la iglesia a una solicitud de exención religiosa.

Schmedes no respondió a las preguntas formuladas por KHN por correo electrónico.

Mientras tanto, en la ciudad de Rocklin, en el área de Sacramento, una iglesia que desafió abiertamente las órdenes de cierre de Newsom el año pasado ha entregado cientos de cartas de exención. Greg Fairrington, pastor de la Iglesia Cristiana Destiny, dijo a los asistentes a un servicio religioso: “Nadie debería poder exigir que se vacunen a riesgo de perder el trabajo. Eso no está bien aquí en los Estados Unidos”.

Las pautas de la EEOC sugieren que los empleadores hagan “ajustes razonables” para aquellos que tengan una objeción religiosa sincera a una regla del lugar de trabajo. Eso podría significar trasladar a un empleado no vacunado a una parte aislada de la oficina, que implique menos contacto interpersonal. Pero el empleador no está obligado a hacer nada que genere en una dificultad excesiva.

En cuanto a la objeción en sí, el consejo de la comisión es vago. Los empleadores “normalmente deberían asumir que la solicitud de un empleado se basa en una creencia religiosa sincera”, dice la EEOC. Los empleadores tienen derecho a solicitar documentación de respaldo, pero las creencias religiosas de los empleados no tienen que ceñirse a ninguna fe específica u organizada.

La distinción entre religión e ideología se vuelve difusa entre quienes buscan exenciones.

Una maestra de preescolar en Turlock, California, recibió una carta de exención de su pastor, que las ofrecía a quienes sentían que recibir una vacuna era “moralmente comprometedor”. Cuando KHN le preguntó a través de un mensaje directo por qué buscaba la exención, la mujer dijo que no se sentía cómoda de vacunarse debido a “lo que hay en la vacuna”, y luego agregó: “¡Personalmente, he superado a ‘Covid’ y al control que está tratando de imponernos el gobierno!”.

Al igual que otros solicitantes de exenciones, incluso aquellos que han publicado en grupos antivacunas de Facebook, temían que otras personas supieran que habían pedido una exención.

Una técnica quirúrgica que trabaja en Dignity Health, que ordenó que sus empleados estén completamente vacunados para el 1 de noviembre, dijo que estaba esperando una respuesta del departamento de recursos humanos de la compañía sobre su solicitud de una exención religiosa.

La mujer explicó libremente sus razones haciendo referencia a dos pasajes de la Biblia y enumerando los ingredientes de la vacuna que dijo son “dañinos para el cuerpo humano”. Pero no quería que nadie supiera que había solicitado la exención religiosa.

El derecho de un estado a exigir la vacunación se ha establecido como ley desde un fallo de la Corte Suprema de 1905 que confirmó la vacunación obligatoria contra la viruela en Massachusetts. Los expertos legales dicen que ese derecho se ha defendido en repetidas ocasiones, incluso en una decisión de la Corte Suprema de 1990 de que las acciones por motivos religiosos no están aisladas de las leyes, a menos que una ley señale la religión como trato desfavorecido.

En agosto, la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett declinó, sin comentarios, un desafío a la regla de la Universidad de Indiana de que todos los estudiantes, el personal y los profesores deben estar vacunados.

“Según la ley actual, está claro que no se requiere ninguna exención religiosa”, dijo a KHN Erwin Chemerinsky, decano de la escuela de derecho de UC-Berkeley. Claramente, eso no impide que la gente busque una.

Mark Kreidler/Kaiser Health News

Esta historia fue producida por KHN, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

Biden ordena la vacunación de la mayoría de empleados del país

Biden ordena vacunación

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este jueves la vacunación obligatoria contra el Covid-19 de todos los empleados del Gobierno federal, y puso en marcha un plan para forzar también a hacerlo a la mayoría de los trabajadores de las empresas privadas del país.

Se trata del paso más rotundo hasta ahora de Biden, en su intento de aumentar la tasa de vacunación en Estados Unidos, en un momento en el que la variante delta ha devuelto los contagios a niveles inéditos desde enero y provoca más de mil fallecimientos cada día, prácticamente todos de personas no vacunadas.

“Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando, y su negativa (a vacunarse) ha tenido costos para todos”, aseguró Biden a los casi 80 millones de estadounidenses que cumplen los requisitos para recibir la vacuna, pero se niegan todavía a hacerlo.

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Durante un discurso en la Casa Blanca, Biden anunció una serie de normas que en total, pronosticó, afectarán a unos 100 millones de trabajadores, “dos tercios” de la fuerza laboral del país.

En primer lugar, firmó un decreto que establece un mandato de vacunación para los 2,1 millones de empleados del Gobierno federal de Estados Unidos, que hasta ahora tenían la opción no ser vacunados si se sometían a pruebas de covid-19 de manera regular.


Una segunda orden ejecutiva establece el mismo requisito para todos los contratistas del Gobierno federal, y Biden enfatizó que quienes quieran trabajar con su Ejecutivo deberán garantizar que “su personal está vacunado”.

Esos mandatos de vacunación también se aplicarán a los empleados de la mayoría de instalaciones sanitarias de EE.UU. que reciben subsidios federales de los programas Medicare o Medicaid, lo que afecta a unos 50.000 proveedores de salud del país.

La tercera medida será, si consigue implementarse, la más significativa: el presidente anunció que el Departamento de Trabajo publicará una norma de emergencia que afectará a todas las compañías que tengan 100 empleados o más, en las que trabajan al menos 80 millones de personas.

Esas empresas deberán garantizar que sus trabajadores están vacunados con la pauta completa o, de lo contrario, obligarlos a mostrar un resultado de test negativo al menos una vez a la semana.

“Se acabó la hora de esperar. Esto no se trata de libertad o de una elección personal. Se trata de protegerse usted mismo y a los que le rodean”, subrayó el presidente.

RETOS PARA IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA

Según expertos legales, el Departamento de Trabajo tiene autoridad para imponer una norma de ese tipo, pero eso no significa que no pueda enfrentar demandas de políticos republicanos, que se oponen a ese tipo de mandatos, y tampoco está claro si será fácil para las empresas implementar la medida.

La gobernadora de Dakota del Sur, la republicana Kristi Noem, tachó la medida de Biden sobre las empresas de “inconstitucional” y advirtió en un tuit de que acudirá a los tribunales para tratar de tumbarla.

Biden recordó que muchas grandes compañías del país ya obligan a todos empleados a vacunarse, como la aerolínea United; o han tomado medidas que se acercan a un mandato similar, como Walmart, McDonald’s, Disney o la cadena televisiva de tinte conservador Fox News.

El plan de Biden también busca mejorar la situación en las escuelas del país, donde en algunos casos ha habido ya brotes que han forzado a colegios a cerrar: el mandatario anunció la vacunación obligatoria de los casi 300.000 profesores que trabajan en un programa de educación temprana conocido como Head Start.

Además, prometió plantar cara a los gobernadores y políticos republicanos que han intentado prohibir los mandatos de mascarillas o vacunas en las escuelas, al reiterar que su Gobierno compensará el salario de cualquier superintendente o profesor al que puedan privarle de su sueldo por “hacer lo correcto”.

“Si estos gobernadores no nos ayudan a acabar con la pandemia, usaré mis poderes como presidente para conseguir que se hagan a un lado”, recalcó.

El discurso de Biden llegó poco antes de que el segundo mayor distrito escolar del país, el de Los Ángeles, aprobara un mandato de vacunas para todos los estudiantes de 12 años o más en el sistema público de la ciudad, además de exigirlo para los maestros y personal de las escuelas.

Por otra parte, la Agencia de Seguridad en el Transporte de EE.UU. anunció que a partir de este viernes duplicará las multas para los pasajeros que se nieguen a llevar mascarilla en aeropuertos o aviones, que serán de 500 a 1.000 dólares inicialmente y de hasta 3.000 para los reincidentes.

“Y, por cierto, muestren algo de respeto. La ira que vemos en la televisión contra azafatos de vuelo y otros que están haciendo su trabajo está mal”, denunció Biden.

Por último, explicó que invertirá 2.000 millones de dólares para “comprar casi 300 millones de tests rápidos para distribuirlos en centros de salud comunitarios, bancos de alimentos y escuelas”; y que tanto Amazon como Walmart y Kroger venderán pruebas caseras de covid-19 a precios baratos durante al menos tres meses.

El 53,3 % de los estadounidenses ha recibido la pauta completa de las vacunas contra la covid-19, incluidos el 62,4 % de los mayores de 12 años, de acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Lucía Leal/EFE

Latinos son los que más quieren vacunarse, y los que más obstáculos enfrentan

Una nueva encuesta revela que los hispanos tienen el doble de interés en vacunarse “lo antes posible” que los blancos no hispanos o personas de raza negra no hispanas. Los datos muestran que los problemas de acceso siguen siendo difíciles para la población.

Un tercio de los hispanos no vacunados dicen que quieren las dosis, en comparación con el 17% de los negros y el 16% de los blancos, según la encuesta publicada por KFF (Kaiser Family Foundation).

“Los resultados reflejan una oportunidad para que los departamentos de salud pública y los gobiernos locales lleguen a los hispanos con información y equipos de vacunación”, señaló Liz Hamel, vicepresidenta y directora de opinión pública e investigación de encuestas en KFF, quien lidera las encuestas mensuales de la organización sobre la vacuna contra covid-19.

“Definitivamente, hay una gran parte de la población hispana que está deseando vacunarse, pero no han podido encontrar el tiempo, o tienen algunas preocupaciones o preguntas, o no han podido acceder a la vacuna”, dijo Hamel.

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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), sólo alrededor del 13% de las personas en los Estados Unidos que han recibido al menos una dosis de la vacuna son hispanas, aunque constituyen alrededor del 17% de la población total. (Sólo la mitad de los datos de los CDC incluyen la raza o el origen étnico de las personas vacunadas).

Entre los hispanos no vacunados, el 64% estaba preocupado por la posibilidad de faltar al trabajo debido a los efectos secundarios de la vacuna, y el 52% estaba preocupado por tener que pagar las vacunas, aunque éstas se ofrecen sin costo alguno. Estas cifras son aún más altas entre los hispanos indocumentados.

“Es difícil que alguien que vive al día se tome medio día libre para venir a una clínica y tratar de vacunarse”, dijo el doctor José Pérez, jefe médico del South Central Family Health Center, una organización de salud sin fines de lucro con clínicas en todo el sur de Los Ángeles. “Si no trabajan ese día, no se ganan la vida y no comen”.

Aquéllos que se enfrentan a problemas de inmigración fueron más propensos a preocuparse por tener que mostrar una identificación emitida por el gobierno o un número de seguro social, según la encuesta de KFF.

Las políticas antiinmigrantes de la administración Trump asustaron a las personas que buscaban cualquier servicio de salud pública, por temor a que pudiera poner en peligro su estatus migratorio, dijo Pérez.

“Para los estadounidenses que están acostumbrados a tener orden en su vida, y no tienen que tener miedo de esto o aquello, esto puede parecer un poco extraño. Pero para la comunidad inmigrante del sur de Los Ángeles, estos son factores con los que lidian a diario”, agregó.

A pesar del mensaje esperanzador de la encuesta, la organización de Pérez sólo ha administrado una fracción de las dosis que tiene a mano, aunque ha ampliado los lugares de vacunación, y ahora ofrece una vacuna a cualquiera que entre en una de sus clínicas, dijo Pérez.

“Todo lo que podemos hacer es seguir empujando, educando, y poniendo nuestro nombre ahí fuera. Con suerte, nos pondremos al día”, apuntó.

La administración Biden anunció recientemente créditos fiscales para las pequeñas empresas que den a sus trabajadores tiempo libre remunerado para recibir la vacuna y recuperarse en caso de efectos secundarios.

Los proveedores no están autorizados a cobrar a la gente por la vacuna contra covid, y deben repartir las vacunas independientemente del estatus migratorio o del seguro médico.

En California, en donde los hispanos representan cerca del 40% de la población, el 48% de las muertes por covid y el 63% de los casos, alrededor del 32% se ha vacunado. Los casos y muertes están particularmente concentrados en los vecindarios de bajos ingresos, mayormente hispanos.

Las clínicas de salud comunitarias y las organizaciones de todo el estado están llevando la causa de las vacunas a las aceras, los supermercados y cualquier otro lugar donde se reúna la gente, buscando asegurar que sepan cómo obtener una cita para vacunarse.

En el código postal que rodea la sede principal de South Central Family Health Center, sólo el 16% de los residentes elegibles tenían al menos una dosis hasta el 7 de mayo, según el rastreador de vacunas del Departamento de Salud Pública de California.

A cinco meses que comenzara la campaña de vacunación de la nación, mientras los CDC relajan las recomendaciones del uso de máscara, la clínica todavía está empujando la importancia de las máscaras debido a la baja cantidad de personas que se han vacunado, dijo Pérez.

La “indecisión en la vacunación” se ha convertido en una excusa general para explicar las bajas tasas de vacunación entre las poblaciones minoritarias, pero el problema es complejo, dijo Nancy Mejía, directora del programa de Acceso a la Salud de los Latinos en Santa Ana, California, una organización sin fines de lucro que tiene un contrato con el condado de Orange para llevar la vacuna contra covid a los latinos.

Las promotoras de su grupo se encuentran con personas que se enfrentan a una gran variedad de obstáculos para vacunarse, dijo.

“Oímos todas estas preguntas: ‘Bueno, no tengo seguro médico’, o ‘¿Tengo que pagar?’ o ‘No tengo correo electrónico, ¿cómo me registro?’”, contó Mejía. “Cuando la gente habla de indecisión, realmente tenemos que preguntar de qué estamos hablando, y no seguir echando la culpa a las personas que realmente tienen buenas preguntas”.

Ahora que la demanda de citas para la vacunación ha caído, Mejía y su grupo se están centrando más en eventos de vacunación móviles en edificios de condominios y estacionamientos a donde peatones y residentes pueden simplemente caminar. Los eventos son por las tardes, después del trabajo, o los fines de semana, para que la decisión de vacunarse sea lo más fácil posible.

“Vemos que otros lugares han estado abiertos todo el día y sólo han entrado cinco personas”, dijo. “Así que, para nosotros, estar abiertos sólo unas horas por la tarde, y conseguir más de 100 personas es un gran éxito”.

Carmelo Morales, de 35 años y residente de Los Ángeles, era uno de los escépticos. Tras hablar con amigos y ver publicaciones en Instagram, temía que las vacunas fueran un complot para enfermar a la gente. No veía la urgencia de vacunarse.

Pero Morales, que trabaja en una planta empacadora de carne, se ha visto profundamente afectado por los casos y las muertes entre sus colegas y sus familias en el último año. Un día a finales de abril, mientras volvía a casa del trabajo, vio que los trabajadores de salud de una iglesia cercana a su casa estaban limpiando después de un evento de vacunación contra covid.

Preguntó si había dosis sobrantes y, como su casa estaba cerca, las enfermeras esperaron a que corriera a su casa a buscar su identificación para que pudiera ponerse la primera dosis.

“Sólo pensé y me dije, oye, es mejor sólo para estar del lado más seguro”.

Anna Almendrala/Kaiser Health News

Delta exigirá que los nuevos empleados se vacunen

Delta

Delta Air Lines requerirá que los nuevos empleados en Estados Unidos se vacunen contra contra el Covid-19, una medida que hasta ahora no está siendo implementada por las otras aerolíneas estadounidenses.

La empresa con sede en Atlanta, sin embargo, no impondrá el mismo requisito a los 74,000 empleados actuales.

La medida busca proteger a sus empleados y pasajeros en momentos en que la industria se recupera de la crisis que ha provocado la pandemia del Covid-19.

“Este es un paso importante para proteger a las personas y a los clientes de Delta, asegurando que la aerolínea pueda operar de manera segura a medida que la demanda regresa y a medida que se acelera la recuperación. Delta no implementará un mandato para exigir que los empleados actuales se vacunen”, indicó la empresa en su página web.

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Delta también dijo en su sitio web que un 60 por cientos de su fuerza laboral ya está vacunada, algo que la empresa alienta, pero no exige, de acuerdo con el CEO de la empresa, Ed Bastian, que dijo a la cadena CNN que los empleados no vacunados posiblemente no podrán trabajar en vuelos internacionales porque es probable que otros gobiernos requieran la vacunación para cualquiera persona que ingrese a sus países.

Otras aerolíneas como United, Southwest y America Airlines, entre otras, anunciaron que no requerirán que los nuevos o actuales empleados se vacunen contra el virus, según informó The Associated Press.

Redacción Negocios Now


Comunicado de Delta (en inglés)

Delta to require new hires in the U.S. to be vaccinated against COVID-19

Delta knows that vaccines are the best tool available to protect one another and bring an end to the pandemic, and the airline has made great progress to achieve herd immunity within its workforce, with more than 60 percent of employees already vaccinated. To help maintain this trajectory, Delta will require all new hires in the U.S. to be vaccinated against COVID-19, unless they qualify for an accommodation, effective Monday, May 17.

This is an important move to protect Delta’s people and customers, ensuring the airline can safely operate as demand returns and as it accelerates through recovery and into the future. Delta will not be putting in place a company-wide mandate to require current employees to be vaccinated.

Approximately two out of 10 Americans have been infected by COVID-19, and one out of 1,000 Americans has died from the virus. The vaccines are not only extremely effective in preventing illness and symptoms from COVID-19, but they are also nearly 100 percent effective in preventing hospitalization and death. Vaccines are safe, effective and essential to the future of the airline and our world.

 

El discurso antiinmigrante complica la vacunación contra el Covid-19 en estados del sur

Discurso antiinmigrante complica vacunación

En el este de Tennessee, los médicos han visto de primera mano cómo una política de inmigración dura puede afectar la salud y el bienestar de una comunidad.

En 2018, agentes federales allanaron una planta empacadora de carne en Morristown, en el Valle de Tennessee, y detuvieron a unos 100 trabajadores sospechosos de ser indocumentados.

En las semanas siguientes, decenas de familias inmigrantes que habían encontrado trabajo en esas plantas buscaron santuario en las iglesias y dejaron de ir a las citas médicas.

¿La razón? Los agentes de inmigración estaban vigilando las clínicas.

“No queríamos que la gente viniera a recibir atención porque había oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en nuestro estacionamiento”, dijo Parinda Khatri, directora clínica de Cherokee Health Systems, un proveedor sin fines de lucro en el condado de Hamblen.

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Mientras Tennessee, al igual que otros estados, se embarca en la abrumadora tarea de vacunar a millones de residentes contra covid-19, a muchos funcionarios de salud se les dificulta la tarea, por una desconfianza generalizada en el gobierno y las fuerzas del orden entre los inmigrantes sin papeles, una población estimada en 11 millones en todo el país.

Los desafíos son particularmente críticos en el sur, donde grandes poblaciones de inmigrantes indocumentados ayudan a mantener las prósperas industrias agrícola y de procesamiento de alimentos, incluso cuando muchos líderes republicanos estatales y locales, empoderados por la retórica antiinmigrante de la administración Trump, los denuncian como criminales y piden limitar su camino a la ciudadanía.

La confluencia de esas actitudes agresivas y un virus altamente contagioso ha generado preocupación en algunos estados: temen que la baja vacunación de indocumentados ponga en riesgo los esfuerzos para lograr la inmunidad colectiva.

“Nunca podremos superar esta pandemia si los indocumentados se quedan fuera”, dijo la doctora Sharon Davis, directora médica de la clínica comunitaria Los Barrios Unidos en Dallas, que atiende a 28,000 pacientes, la mayoría sin papeles.

Davis reconoció el desafío que plantea esto en un estado como Texas, donde la plataforma estatal del Partido Republicano pide la expulsión inmediata de todos los “extranjeros ilegales”. Como otros directores de clínicas en muchos estados del sur, Davis dijo que implementar planes de vacunación en las comunidades inmigrantes es una política de “don’t ask, don’t tell (“no preguntar, no decir”).

“Vivimos en Texas, así que ni lo mencionas”, agregó. “Hablamos de los que no tienen seguro, y hablamos de la población latina con la mayor morbilidad y mortalidad, es a quien estamos tratando de atender”.

En el área de Dallas-Fort Worth, hogar de una de las poblaciones más grandes de inmigrantes sin papeles de la nación, la tasa de muerte de los hombres latinos de mediana edad es ocho veces mayor que la de sus homólogos blancos no latinos.

Los epidemiólogos dicen que la disparidad no es sorprendente, dado que un gran número de trabajadores centro y sudamericanos indocumentados están en empleos considerados esenciales en la pandemia, incluido el trabajo agrícola, procesamiento de carne y servicio de alimentos, y la mayoría no tiene seguro médico.

Para agravar los riesgos, muchos trabajan en condiciones propicias para la propagación viral, parados hombro con hombro a lo largo de las cintas transportadoras en las empacadoras de verduras, lavando platos en las cocinas de los restaurantes, abasteciendo los estantes de los supermercados y limpiando habitaciones de hoteles.

Al final del día, muchos regresan a barracas o casas pequeñas que albergan a varias generaciones de familias.

“Si no trabajan, no comen”, dijo Davis. “Hemos tenido pacientes que nos suplican que no les hagamos la prueba, porque entonces no pueden ir a trabajar”.

Davis fue uno de los directores médicos que dijo que los sitios de vacunación masiva que muchos estados están usando (carpas gigantes con personal uniformado de la Guardia Nacional y personal médico con iPads) asustan a las familias inmigrantes.

“Preguntan ‘¿qué documentos tenemos que mostrar?’”, dijo Davis. “El miedo a la deportación es enorme y muy real”.

Y no es infundado, señalaron defensores, después de cuatro años en los que el ex presidente Donald Trump redujo drásticamente la inmigración legal e ilegal a través de detenciones y deportaciones masivas, prohibiciones de viaje y restricciones severas de asilo.

El presidente Joe Biden se ha comprometido a anular muchas de esas normas, pero defensores dicen que el apoyo a medidas más drásticas es fuerte entre algunos agentes de inmigración y agentes locales, lo que podría complicar la vida de muchos inmigrantes.

Davis agregó que, más allá del miedo al hostigamiento o al arresto, los funcionarios de salud pública están lidiando con información errónea. “Están escuchando historias horribles en las redes sociales”, dijo. “Creen que hay un microchip en la vacuna y que serán rastreados”.

Incluso algunos inmigrantes con papeles tienen reservas sobre recibir una vacuna proporcionada por el gobierno. La administración Trump presionó para descarrilar la ciudadanía de cualquier inmigrante que usara servicios públicos financiados por los contribuyentes, incluida la atención médica.

En diciembre, el Departamento de Justicia retiró la regla, pero hay confusión y los directores de las clínicas dicen que los pacientes darán prioridad a sus tarjetas de residencia por encima de casi todo.

Las bajas tasas de vacunación entre las poblaciones inmigrantes ya son evidentes. En Mississippi, por ejemplo, el Departamento de Salud informó que la semana del 8 de febrero se habían vacunado menos de 2,800 latinos, aproximadamente el 1% de todas las vacunas administradas hasta ahora.

Tennessee ofrece un excelente ejemplo de las tensiones que subyacen al lanzamiento de la vacuna.

El gobernador republicano, Bill Lee, fue noticia en mayo cuando permitió que el Departamento de Salud estatal compartiera con la policía los nombres y direcciones de quienes daban positivo para covid.

Por separado, el departamento de salud de la ciudad de Nashville proporcionó a la policía local las direcciones de las personas que daban positivo o que estaban en cuarentena.

Ambas acciones fueron criticadas y finalmente terminaron, pero Lee las defendió, diciendo que las eran apropiadas “para proteger las vidas de las fuerzas del orden” y que cumplían con las reglas federales de privacidad de la salud. Posteriormente, la ciudad buscó tranquilizar a sus “comunidades de inmigrantes diversas” diciendo que la información no se compartiría con las autoridades federales de inmigración.

Alabama, como Tennessee, tiene un historial de reglas estrictas con respecto a la inmigración, como una ley de 2011 que prohíbe que los inmigrantes sin papeles reciban casi todos los beneficios públicos, incluida la mayoría de la atención médica que no es de emergencia.

Velvet Luna, enfermera registrada de 26 años, ha construido su vida en Ozark, Alabama, una pequeña ciudad en Wiregrass, una región conocida por sus instalaciones de procesamiento de aves de corral y grandes poblaciones de inmigrantes hispanos y vietnamitas.

Luna se inscribió en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) una iniciativa de la era Obama que otorga estatus temporal a jóvenes indocumentados a los que trajeron al país de niños. Según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, casi 500,000 inmigrantes elegibles para DACA son trabajadores esenciales.

Luna, que habla con un suave acento sureño, solía hablar de su estatus migratorio, pero dijo que, en los últimos años, hombres que coqueteaban con ella cambiaban inmediatamente de actitud si sabían su estatus migratorio. “Decían cosas feas, hirientes, ‘Ustedes son la razón por la que nuestro país está en declive. Tienes que irte’”.

Como enfermera en un hospital del área que se ofreció como voluntaria para la unidad de covid, Luna ha recibido las dos dosis de la vacuna, pero entiende los riesgos que sopesan las familias indocumentadas; ninguno de sus padres, que vive cerca, tiene papeles. “Está bien tener miedo, y es una decisión valiente ir a vacunarse y proteger a tu familia”, dijo.

Incluso los opositores a la inmigración reconocen que la pandemia ha unido el destino de todos los que viven en el país, independientemente de cómo hayan llegado.

“Lo principal es vacunar a tantas personas como sea posible”, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo conservador que aboga enérgicamente por restringir la inmigración. “Tu inmigración puede alcanzarte algún día, pero no será hoy”.

La administración Biden ha dicho que ICE no realizará operaciones en o cerca de los sitios de vacunación. “ICE no realiza ni llevará a cabo operaciones en o cerca de las instalaciones de atención médica, como hospitales, consultorios médicos, clínicas de salud acreditadas e instalaciones de atención de emergencia o urgencias, excepto en las circunstancias más extraordinarias”, según una declaración del Departamento de Seguridad Nacional del 1 de febrero.

Los comisionados estatales de salud también han tratado de calmar los nervios. “No le negamos la vacuna a nadie que se presente en nuestros sitios y esté en la fase que se está vacunando”, dijo la doctora Lisa Piercey, comisionada del Departamento de Salud de Tennessee. “Este es un recurso federal, y si estás en este país, tienes una vacuna”.

Los defensores, sin embargo, dijeron que persisten obstáculos para convencer a los inmigrantes de que la información no se utilizará en su contra. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) esperan que los proveedores que administran las vacunas carguen la información del paciente en los registros estatales, incluido TennISS en Tennessee o ImmTrac2 en Texas.

Los sistemas de seguimiento permiten a los proveedores asegurarse de que los pacientes regresen para su segunda dosis e identificar cualquier reacción adversa.

Los proveedores tratan de explicar que esta información se usa para iniciativas de salud, no para inmigración.

“Los pacientes, en particular los de origen inmigrante, son muy sensibles a compartir detalles familiares”, escribió Brian Haile, director ejecutivo de Neighborhood Health, una clínica comunitaria en Nashville, a funcionarios de salud de Tennessee en diciembre. “Si les pedimos que proporcionen esta información a proveedores que no conocen, serán aún más reticentes a vacunar a sus familias”.

En el condado de Hamblen, Khatri dijo que está tratando de persuadir a trabajadores en granjas de tomate y tabaco, y en plantas procesadoras de carne, zonas calientes de brotes de coronavirus, de que confíen en su clínica no solo para administrar la vacuna sino también para manejar datos confidenciales.

“Quieren acudir a un grupo de confianza”, dijo Khatri, cuyas clínicas tienen la aprobación para distribuir la vacuna, pero aún no han recibido ninguna dosis.

Helena Lobo, quien coordina el alcance hispano en Cherokee Health, dijo que, para algunos inmigrantes, la elección puede estar entre su salud o permanecer ocultos.

“Si tienen que arriesgar su estatus migratorio para recibir la vacuna contra covid, no la tendrán. No los culpo”, dijo Lobo. “Se preguntan: ‘¿Cuál es mi mayor riesgo? ¿Ser deportado o tener covid?’”.

Sarah Varney (svarney@kff.org)/KHN

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