Sin avance el impuesto del 5 % a remesas de indocumentados

Redacción Negocios Now

La propuesta para establecer un impuesto del 5 % al envío de remesas fuera de Estados Unidos por inmigrantes indocumentados se mantiene frenada en el Congreso debido a  la objeción de algunos legisladores republicanos.

Durante una reciente evaluación en el Comité de Presupuesto de la Cámara Baja, cinco representantes del Partido Republicano votaron en contra de la iniciativa que forma parte del proyecto “One Big Beautiful Bill” (Gran y Hermoso Proyecto de Ley) del presidente Trump, lo que significa un revés temporal.

En la discusión de la medida, los cinco republicanos que se manifestaron en contra argumentaron que su implementación “aumentaría el déficit presupuestario”. La propuesta incluye un impuesto especial del 5 % a las remesas y hasta del 37 % dependiendo del país receptor.

La propuesta legislativa afectaría a millones de personas que envían dinero a sus países de origen, incluyendo a titulares de visas temporales de trabajo, residentes permanentes legales y quienes se encuentran en situación migratoria irregular, pero no se aplicaría a los ciudadanos estadounidenses.

El 25 de abril de 2025 el presidente Trump anunció a través de su cuenta en Truth Social que “trabaja en un memorando presidencial para prohibir el envío de remesas por parte de personas no autorizadas a permanecer en el país”, por lo que el freno de la medida en el Congreso no la elimina totalmente.

Las remesas enviadas globalmente desde Estados Unidos sumaron $656,000 millones de dólares en 2023, según datos del Banco Mundial mencionados por agencias noticiosas. México es el mayor receptor de remesas en la región, principal fuente de divisas por encima del turismo y la venta de petróleo.

En respuesta a la discusión legislativa sobre el gravamen, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su conferencia matutina, ese mismo día, que la medida incumple un acuerdo bilateral de doble tributación que existe desde 1994, además de calificarla como “un acto discriminatorio”.

Sin embargo, reconoció que gravar las remesas no tiene el propósito de persecución contra inmigrantes. En tanto, el canciller Juan Ramón de la Fuente dijo que se envió a los legisladores estadunidenses una carta de inconformidad “por discriminación en términos fiscales y violación a los tratados”.

En 2024, el envío de remesas a México fue de $64,700 millones de dólares, equivalentes a 3.5% del PIB del país, principalmente de California, Texas y Colorado, con un promedio de $393 dólares por operación, en su mayoría con destino a los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, CDMX y Estado de México.

Establecer un impuesto a las remesas no es una medida novedosa ni idea exclusiva de Trump. A nivel estatal, Oklahoma implementó en 2009 un gravamen sobre las envíos, con una tarifa de cinco dólares a cada transferencia inferior a 500 dólares y de 1% en montos superiores, según reportes noticiosos.

En la última década se presentaron iniciativas similares en al menos 17 estados, pero la mayoría no fueron aprobadas, de acuerdo con información de la National Conference of State Legislatures. En 2023, el entonces senador J.D. Vance propuso un impuesto a las remesas para financiar la seguridad fronteriza.

Algunas organizaciones han expresado públicamente su apoyo a la propuesta de Trump. El director del Centro de Estudios de Inmigración, Mark Krikorian, dijo a la agencia AP que el impuesto sería un desincentivo para la migración no autorizada, que cruza la frontera con la idea de  enviar dinero a familiares.

Asimismo, el America First Policy Institute y el Heritage Institute argumentan que gravar las remesas podría reducir el uso de estos recursos por parte de organizaciones criminales, aún cuando no existen hasta el momento estudios oficiales que vinculen el envío regular de remesas con actividades ilícitas.

Mientras que los detractores de la medida argumentan que el impuesto a las remesas provocaría mayor ilegalidad. Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, afirmó que “podría incentivar el uso de canales no oficiales para enviar dinero”.

Esto, agregó en entrevista con AP, reduciría la capacidad de monitoreo de los flujos financieros, y podría tener un efecto adverso en comunidades receptoras de remesas, al limitar su capacidad de ahorro e inversión local. “En algunos casos,  podría motivar nuevas olas migratorias hacia Estados Unidos”.