Revoca Trump parole humanitario a inmigrantes

Redacción Negocios Now

La administración Trump anunció la revocación, a partir del 24 de abril, del estatus legal a 532,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, otorgado durante el gobierno de Joe Biden bajo un programa de “parole humanitario”, informó la Casa Blanca.

Recordó que, de acuerdo con un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el fin de los permisos de trabajo y las protecciones de deportación para esos inmigrantes “entrará en vigor a fines de abril, 30 días después del 25 de marzo”.

Las personas que tienen “parole humanitario” sin una base legal para permanecer en Estados Unidos deberán salir del país antes de la fecha de finalización del programa de libertad condicional, conocido como CHNV por las iniciales de las nacionalidades involucradas.

Esto significa que dichas personas estarán repentinamente expuestas a una expulsión acelerada si no cuentan con otro documento, como una solicitud de asilo o el Estatus de Protección Temporal (TPS), que les permita permanecer legalmente en el país temporalmente, con derecho a trabajar.

La medida implica la cancelación de sus permisos de trabajo y de cualquier protección contra la deportación con la que cuenten, de modo que tendrían solo un mes para cambiar de estatus o inscribirse en la App CBP Home para “autodeportarse”, o se exponen a ser detenidos por agentes de inmigración.

El programa humanitario de la administración Biden se lanzó inicialmente para los venezolanos en octubre de 2022, basado en un programa similar para ciudadanos de Ucrania que huían de la guerra con Rusia. Posteriormente, se extendió a los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua.

En enero de 2023, más de 500 mil personas entraron legalmente a Estados Unidos por ese programa de libertad condicional humanitaria, con dos años de duración. Para calificar, debían contar con un patrocinador financiero en el país, así como aprobar verificaciones de salud y antecedentes.

El gobierno de Biden lanzó el programa para ampliar las vías legales y reducir la migración irregular. Con un límite de 30,000 personas al mes, los solicitantes debían ingresar al país a través de un aeropuerto, y al llegar podían solicitar permisos de trabajo.

En octubre pasado, la administración Biden anunció que los beneficiarios actuales del programa no podrían renovar su “parole humanitario” después de dos años, lo que significa que tendrían que encontrar otra forma de permanecer en el país o salir.

Un día después de que el presidente Trump tomara posesión de su cargo, el 20 de enero pasado, el DHS dio a conocer una instrucción para restringir y conducir a la eliminación del programa CHNV, “acabando con el amplio abuso del parole humanitario“.

En febrero, los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) pausaron administrativamente “todas las peticiones pendientes de beneficios tramitadas por inmigrantes que están en Estados Unidos de forma legal bajo el programa de ‘parole humanitario’ conocido como CHNV”, informó la agencia federal.

Antes de la nueva orden, los beneficiarios del programa podían permanecer en Estados Unidos hasta que expirara su libertad condicional, aunque se dejó de tramitar las solicitudes de asilo, visados y otras peticiones que podrían permitirles permanecer más tiempo.

Las acciones en contra del “parole humanitario” ya fueron impugnadas en cortes federales. Un grupo de ciudadanos e inmigrantes estadounidenses demandó a la administración Trump por poner fin al permiso humanitario y está tratando de restablecer los programas para las cuatro nacionalidades.

Recortes en oficinas de protección a inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó recortes en tres oficinas que supervisan la protección de los derechos civiles, debido a  que estaban obstaculizando las iniciativas de control migratorio, según informó su portavoz, Tricia McLaughlin.

Precisó que se implementó una reducción de personal en: la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes y la Oficina del Defensor del Pueblo para los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

McLaughlinen dijo que se ordenó a las agencias federales presentar antes del 13 de marzo planes que no solo despedirían a empleados, sino que eliminarían puestos por completo y consolidarían programas.

“Seguridad Nacional está comprometido con la protección de los derechos civiles”, aseguró, “pero estas oficinas representaban un obstáculo para la aplicación de la ley migratoria, añadiendo  trabas burocráticas y socavando la misión del DHS. En lugar de apoyar las iniciativas policiales”, afirmó.

Añadió que las tres oficinas con frecuencia funcionaban “como adversarios internos que ralentizan las operaciones” La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles fue creada por la Ley de Seguridad Nacional de 2002, con la misión de proteger las libertades civiles en el DHS.

La Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes es independiente dentro del DHS, no vinculada ni al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ni a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Su función es garantizar que los centros de detención de inmigrantes sean seguros y humanos.

Mientras que la Oficina del Defensor del Pueblo para los Servicios de Ciudadanía e Inmigración es otra oficina independiente del DHS, responsable de ayudar a personas o empresas a resolver problemas con la agencia que supervisa los beneficios migratorios.