Quedan sin protección 60.000 migrantes protegidos por el TPS

Redacción Negocios Now

Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco resolvió este miércoles a favor de la Administración de Donald Trump y abrió la puerta a la deportación de cerca de 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal que hasta ahora estaban amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

La decisión revoca un fallo previo de la jueza federal Trina Thompson, quien había bloqueado la eliminación de este programa al considerar que ninguno de los beneficiarios había cometido delitos y que, por tanto, no había razones para expulsarlos. Con el nuevo veredicto, el futuro de miles de familias queda en suspenso, muchas de ellas instaladas en Estados Unidos desde finales de los noventa.

Migrantes en la cuerda floja

Se calcula que en el país residen unos 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses bajo el TPS, mayormente llegados tras el devastador huracán Mitch en 1998. A ellos se suman unos 7.000 ciudadanos de Nepal que obtuvieron protección después del terremoto de 2015, que dejó más de 9.000 muertos en ese país. Todos contaban con permisos de residencia temporal y autorización para trabajar, aunque sin la posibilidad de acceder a la ciudadanía.

La medida responde a un decreto emitido por la entonces secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, quien justificó el fin de la protección argumentando que las condiciones en los países de origen han mejorado respecto al momento en que se otorgaron los permisos. Con este fallo, el beneficio expirará el próximo 8 de septiembre para los centroamericanos, mientras que los nepalíes ya habían perdido el blindaje legal el pasado 5 de agosto.

Una decisión celebrada por el Gobierno

La subsecretaria de Seguridad Interior, Tricia McLaughlin, celebró el fallo del tribunal, argumentando que el TPS nunca se concibió como un sistema de asilo permanente.

Por lo que ha trascendido, el panel judicial estuvo compuesto por un magistrado designado durante la presidencia de Bill Clinton y dos jueces conservadores, uno nombrado por George W. Bush y otro en la primera etapa de Trump.

Este revés se suma a otros movimientos de la actual Casa Blanca para reducir el alcance del TPS. En meses recientes, el Gobierno ha eliminado la protección para unos 350.000 venezolanos, medio millón de haitianos, 160.000 ucranianos y miles de migrantes de Afganistán y Camerún. Diversas organizaciones, como la Alianza Nacional por el TPS, han intentado frenar los recortes en tribunales, alegando discriminación racial y motivaciones políticas, pero hasta ahora sin éxito.

Antecedentes del TPS

El Estatus de Protección Temporal fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 como un mecanismo humanitario destinado a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales o crisis excepcionales. El programa permite otorgar permisos de residencia temporal y de trabajo, renovables cada 18 meses, pero sin ofrecer un camino directo hacia la residencia permanente ni la ciudadanía.

A lo largo de más de tres décadas, el TPS ha beneficiado a cientos de miles de personas de América Latina, el Caribe, África y Asia. En la práctica, muchos de los beneficiarios han echado raíces en EE. UU., trabajando, pagando impuestos y formando familias. Su futuro, sin embargo, depende de decisiones políticas que, como la de este miércoles, pueden transformar sus vidas de un día para otro.