Pequeñas empresas demandan a la Administración Trump por aranceles impuestos
Redacción Negocios Now
Un grupo de pequeñas empresas en Estados Unidos ha presentado una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump, cuestionando la legitimidad de los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
La demanda fue interpuesta ante el Tribunal de Comercio Internacional por el Liberty Justice Center, una organización legal que representa a cinco compañías que afirman haber sufrido graves daños económicos a raíz de las tarifas comerciales.
Los demandantes sostienen que Trump se excedió en su autoridad al aplicar estas medidas, ya que la IEEPA solo permite al presidente tomar acciones económicas excepcionales cuando existe una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional o la economía, algo que, aseguran, no se da en este caso. También argumentan que la ley no autoriza al Ejecutivo a imponer aranceles sin la aprobación del Congreso.
“El poder de establecer impuestos y tarifas comerciales le pertenece al Congreso, no al presidente”, señaló a CNN Jeffrey Schwab, abogado del Liberty Justice Center. “Ninguna persona debería tener la capacidad de imponer tarifas con un impacto económico global sin pasar por el debido proceso legislativo”.
Esta no es la única acción legal emprendida contra los aranceles de la era Trump. A comienzos de abril, la Nueva Alianza por las Libertades Civiles (NCLA, por sus siglas en inglés) presentó otra demanda en una corte federal del norte de Florida, representando a la empresa Simplified, con sede en ese estado.
Esta compañía, dedicada a la venta de planificadores fabricados con materiales importados de China, también cuestiona la legalidad de los aranceles, acusando a Trump de haber abusado del poder de emergencia y de haber socavado el equilibrio entre los poderes del Estado.
Según Andrew Morris, abogado principal de la NCLA, el presidente “utilizó una autoridad de emergencia para imponer tarifas generales a productos chinos, sin tener el respaldo legal necesario, y usurpó una atribución exclusiva del Congreso”.
