Redacción Negocios Now
En una decisión que podría transformar el panorama laboral del sector público en Estados Unidos, un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington dio luz verde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que elimina las protecciones sindicales para cientos de miles de empleados federales.
La medida, justificada por Trump en nombre de la seguridad nacional, había sido bloqueada previamente, pero ahora podrá implementarse mientras continúan los desafíos legales.
Emitida en marzo, la orden se basa en una cláusula poco usada de la Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978, que permite exenciones a la negociación colectiva en agencias vinculadas a la seguridad nacional.
Mientras que gobiernos anteriores limitaron su aplicación a organismos como el FBI o la CIA, la Administración Trump amplió esa definición para incluir agencias como el IRS, la EPA, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el de Energía. El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU) ha calificado la medida de “extralimitación peligrosa”.
Aunque la Oficina de Gestión de Personal (OPM) ha pedido a las agencias que no rescindan contratos sindicales durante el litigio, algunas ya han comenzado a ignorar cláusulas clave de los convenios, han suspendido deducciones automáticas de cuotas sindicales y han dejado de participar en procesos de arbitraje. Estas acciones, aunque no implican despidos inmediatos, debilitan significativamente la capacidad de representación de los sindicatos.
La jueza disidente Michelle Childs, nombrada por el presidente Biden, acusó a sus colegas del tribunal de “socavar décadas de protecciones laborales” y rechazó la idea de que mantener la negociación colectiva suponga un riesgo para la seguridad nacional.
En su trayectoria, Trump ha promovido políticas que erosionan los derechos laborales: desde facilitar despidos masivos hasta debilitar regulaciones de seguridad laboral, pasando por la desprotección de trabajadores esenciales durante la pandemia. Su visión continúa centrada en reducir la influencia de los sindicatos en el Gobierno federal.
