Declaran inconstitucional orden ejecutiva de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento

Redacción Negocios Now

Una corte de apelaciones federal en Estados Unidos ha declarado inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o no residentes.

El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en San Francisco, representa un nuevo revés para las políticas migratorias impulsadas por Trump durante su segundo mandato.

La orden ejecutiva, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, el mismo día en que asumió nuevamente la presidencia, tenía como objetivo negar la ciudadanía automática a los niños nacidos en territorio estadounidense, si sus padres no eran ciudadanos ni residentes legales permanentes.

La Administración argumentó que la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en el país y sujeta a su jurisdicción, no se aplicaba a hijos de personas que se encontraban en el país ilegalmente o de manera temporal.

Ahora, el tribunal de apelaciones, con una decisión mayoritaria de dos jueces contra uno, rechazó esa interpretación. El fallo subraya que el lenguaje de la Enmienda 14 es claro y que la ciudadanía por nacimiento es un principio constitucional consagrado desde hace más de un siglo. La decisión mantiene un fallo previo de un tribunal federal de distrito que ya había bloqueado la aplicación de la orden presidencial al considerarla una violación directa de la Constitución.

El juez que redactó la opinión mayoritaria afirmó que el intento del Gobierno de reinterpretar la cláusula de ciudadanía no tenía fundamento legal y que la orden ejecutiva afectaría de manera desproporcionada a niños nacidos legalmente en Estados Unidos. El juez disidente, nombrado por Trump, no discutió directamente la constitucionalidad de la medida, pero sostuvo que los estados demandantes no tenían legitimación para presentar el caso.

La demanda fue impulsada por los estados de Washington, Illinois, Oregón y Arizona, los cuales argumentaron que la medida presidencial les causaría daños económicos y administrativos al crear confusión sobre quién tiene derecho a servicios públicos, educación y asistencia médica. El tribunal coincidió en que un bloqueo nacional era necesario para ofrecer un alivio efectivo, dado el impacto potencial de la medida en todo el país.

Este fallo se produce pocas semanas después de que la Corte Suprema limitara la capacidad de los tribunales inferiores para emitir bloqueos nacionales a políticas federales. No obstante, el fallo dejó abiertas algunas excepciones, incluyendo las demandas interpuestas por estados o mediante demandas colectivas, como ocurrió en este caso.

En paralelo, el fallo llega en un contexto de creciente endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno federal. La Administración Trump ha impulsado múltiples iniciativas para reducir la inmigración, incluyendo nuevas cárceles para inmigrantes, como el centro conocido como “Alligator Alcatraz”, recientemente construido en una pista aérea en los Everglades de Florida. Además, se anunció la construcción de un centro de detención con capacidad para 5,000 personas en El Paso, Texas.

La ciudadanía por nacimiento ha sido durante mucho tiempo una piedra angular del sistema legal estadounidense. El precedente legal más importante al respecto, el caso Wong Kim Ark, de 1898, estableció que un niño nacido en suelo estadounidense es ciudadano, incluso, si sus padres no lo son. Esta interpretación ha sido reafirmada por múltiples tribunales a lo largo del siglo XX y XXI.

La decisión del Noveno Circuito no cierra definitivamente el debate, ya que se espera que el Gobierno apele ante la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. Sin embargo, por ahora, el fallo representa una clara afirmación del principio constitucional que garantiza la ciudadanía por nacimiento y una derrota significativa para los esfuerzos por restringirla desde el poder ejecutivo.