Migrantes detenidos en Guantánamo son trasladados a EEUU
Redacción Negocios Now
La Administración Trump ha trasladado a 40 migrantes desde la base militar de Guantánamo a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana, marcando la segunda vez que el Gobierno federal usa la base en Cuba como un centro temporal de detención antes de deportaciones o reubicaciones. Esta estrategia, costosa y prolongada, ha generado cuestionamientos sobre su legalidad y eficiencia.
Desde febrero, Guantánamo ha albergado a 290 migrantes de 27 países, incluidos 177 venezolanos previamente detenidos en un antiguo centro de prisioneros por terrorismo. En aquel traslado, el Gobierno repatrió a los migrantes a sus países de origen. Sin embargo, en esta ocasión, los detenidos han sido enviados a un aeropuerto en Luisiana, donde ICE administra centros de detención. Según reportó The New York Times, la oficina de prensa del Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios sobre la decisión, ni sobre el destino final de los migrantes.
El uso de Guantánamo como un centro de procesamiento migratorio se enmarca en los planes de Trump para acelerar deportaciones. Sin embargo, la falta de explicaciones sobre los traslados y el estatus de los detenidos ha despertado preocupaciones en defensores de derechos humanos. La Administración argumenta que la base es un lugar adecuado para retener a personas consideradas peligrosas, como miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, aunque no se han presentado pruebas de que los detenidos sean parte de esa organización.
Las condiciones en la base han sido objeto de escrutinio. Un informe judicial reveló que los migrantes en el Campo 6 de Guantánamo han sido sometidos a registros corporales exhaustivos y a medidas de contención extrema. Se reportó que, en un solo día, seis migrantes fueron inmovilizados con sillas de sujeción tras incidentes de autolesiones, lo que ha generado críticas sobre el trato que reciben.
El costo de la operación asciende a 16 millones de dólares e involucra a 1000 efectivos militares y contratistas. Legisladores han visitado la base para evaluar la situación, mientras que grupos de derechos civiles han interpuesto demandas contra la Administración Trump. Una de las querellas busca garantizar que los detenidos tengan acceso a abogados, mientras que otra impugna la legalidad de los traslados a Guantánamo y pretende prohibir el reenvío de migrantes a la base sin su consentimiento.
El caso ha sido asignado al juez Carl J. Nichols, designado por Trump, quien analizará el viernes si la política cumple con la Ley de Inmigración y Naturalización. El Departamento de Justicia sostiene que la detención en Guantánamo es legal, porque la base es una instalación gubernamental. Compara su uso con vuelos de deportación que hacen escalas en países intermedios. Sin embargo, especialistas en derecho migratorio cuestionan esta interpretación y argumentan que la ley no permite el traslado forzado de personas a un territorio extranjero sin su consentimiento.
Mientras el caso avanza en los tribunales, ICE mantiene su política de detención en centros de Luisiana y asegura que los migrantes trasladados a Guantánamo han tenido acceso a llamadas telefónicas con abogados. Sin embargo, defensores de derechos humanos insisten en que el Gobierno debe proporcionar una explicación clara sobre la situación de los detenidos y sus derechos bajo la legislación migratoria estadounidense.
