Cuatro días después que delegaciones de Estados Unidos, Canadá y México firmaron modificaciones al tratado trilateral T-MEC, el principal negociador mexicano Jesus Seade rechazó la designación de  cinco inspectores estadounidenses para supervisar el cumplimiento de la reforma laboral mexicana.

El fin de semana Seade dijo que México no puede aceptar la medida porque su legislación lo prohíbe, después de explicar que una iniciativa enviada al Congreso estadounidense para implementar el T-MEC incluía la designación de hasta cinco agregados de Estados Unidos para cumplir lo acordado en las modificaciones del tratado trilateral.

Se trata de la solicitud de la administración de Donald Trump realizada al Capitolio por más de 840 millones de dólares para implementar el T-MEC, incluidos fondos para contratar a cinco empleados en la Embajada de Estados Unidos en México para monitorear asuntos laborales.

En el borrador de la legislación de implementación del tratado, Trump pide 300 millones de dólares para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en la frontera con México, y 215 millones de dólares en fondos nuevos para el Banco de Desarrollo de América del Norte ( Nadbank), para proyectos en comunidades fronterizas.

Además, 210 millones de dólares al Departamento de Trabajo de Estados Unidos, de ellos, 180 millones son para supervisar el cumplimiento de las reformas laborales en México, incluyendo la contratación de cinco empleados para supervisar en territorio mexicano asuntos laborales. También prevé la creación de varías comisiones de vigilancia de las modificaciones acordadas en materia automotriz y ambiental.

El martes 10 de diciembre, ante la presencia del presidente Andrés Manuel López, se firmaron las modificaciones que dos días después aprobó el Senado mexicano, y se conoció que entre los cambios se incluía “el compromiso de México de cumplir con reformas laborales, y admitir la verificación de sus estándares, bajo pena de sanciones”.

En su momento se aclaró que “el Gobierno de López Obrador rechazó durante las negociaciones del T-MEC una propuesta demócrata para que inspectores estadounidenses revisaran el cumplimiento de la reforma laboral en fábricas mexicanas”, y en su lugar se acordó activar un sistema de paneles.

Para el sábado Seade protestó porque el Congreso estadounidense estaría aprobando una ley que confirmaba la designación de supervisores estadounidenses a la ley laboral de México, ya que, dijo, en el protocolo modificatorio del acuerdo comercial ya habían sido descartados

Entre las modificaciones acordadas la semana pasada al tratado trilateral, que fue aprobado el 30 de noviembre del 2018 por los tres países, se encuentra un periodo de transición de siete años para que 70% del acero que se utiliza en autos sea fundido en la región, y un plazo de 10 años para abrir la discusión sobre el mismo proceso para el 70% del aluminio.

En lo relacionado al medio ambiente, las modificaciones establecen que se recapitalizará el Banco de Desarrollo de América del Norte para otorgar créditos a financiamientos directos y proyectos, en tanto que se eliminó el periodo de 10 años que protegían las patentes de marca de las biomedicinas.

El sector empresarial mexicano externó su inconformidad por no ser  tomado en cuenta para la negociación de las modificaciones, a pesar de la cooperación que tuvieron con el gobierno federal para las negociaciones del T-MEC que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN, vigente desde 1994.