Habrá más indocumentados al retirar ciudadanía por nacimiento 

Redacción Negocios Now

Eliminar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de extranjeros indocumentados tendría un efecto contrario al objetivo de reducir la población inmigrante no autorizada, dice el Instituto de Política Migratoria (MPI), mientras la medida decretada por Trump sigue en la Corte Suprema con el veto de un solo juez.

El análisis del MPI demuestra cómo la derogación de la ciudadanía estadunidense aumentaría el tamaño de la población indocumentada, estimaba en 13,7 millones a mediados de 2023, “sumando 2,7 millones adicionales para 2045 y 5,4 millones para 2075”.

Cada año, 255.000 niños nacidos en territorio estadounidense comenzarían su vida afectados por esta limitación debido al estatus legal de sus padres, también generaría complicaciones para las familias, y obligaría a la creación de nuevos sistemas de certificados de nacimiento y verificación de ciudadanía, dice.

La orden de Trump especifica eliminar la ciudadanía por nacimiento para los niños con padres inmigrantes no autorizados o titulares de visas temporales, o una combinación de ambos. “Esto supone que para 2075, habría 1,7 millones de hijos de dos padres nacidos en Estados Unidos pero sin estatus legal”.

El análisis precisa que “la eliminación de la ciudadanía por nacimiento para muchos niños crearía una subclase multigeneracional que se perpetuaría, en la que los residentes nacidos en Estados Unidos heredarían la desventaja social de sus padres e incluso, con el tiempo, de sus abuelos y bisabuelos”.

La creación de una nueva clase de residentes privados del derecho de la ciudadanía “podría sentar las bases para una disrupción significativa de la movilidad económica y la cohesión social en los próximos años y décadas”, aseguran los investigadores del MPI.

Tres demandas sostienen la impugnación de la medida

La orden ejecutiva de Trump está siendo impugnada en tres demandas presentadas por mujeres embarazadas, organizaciones de derechos de los inmigrantes y 22 estados gobernados por demócratas, además del Distrito de Columbia.

El 15 de mayo, el Tribunal Supremo celebró un alegato oral sobre el tema. Algunos reportes periodísticos aseguraron que hubo escepticismo de los jueces sobre la legalidad de la medida, pero “mostraron alineación con la administración Trump”.

Con una mayoría conservadora de 6 a 3, la Corte Suprema  escuchó los argumentos sobre el polémico decreto, y aceptó la petición de levantar los bloqueos en tribunales menores al intento de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento por exceder su autoridad.

El gobierno afirma que los tres jueces federales que bloquearon la política en todo el país deberían haber limitado sus órdenes a las partes implicadas en los litigios, argumento con el que coincidió la mayoría de magistrados.

En la discusión del tema, la jueza liberal Elena Kagan destacó que “limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento podría potencialmente dejar a miles de futuros niños nacidos en los Estados Unidos como apátridas”. El decreto sólo reconoce a los hijos de al menos un padre ciudadano o de residentes legales.

Detractores del presidente Trump y expertos legales señalan que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional marcado en la Enmienda 14 y no puede ser derogado por una orden presidencial.

Sin embargo, el mandatario estadunidense ha dicho que se trata de una cláusula constitucionl aprobada tras la guerra civil para proteger a los “hijos de los esclavos” y no para “quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía”, un argumento que los abogados del Gobierno repitieron durante la sesión.

El Tribunal Supremo no emitirá una decisión sobre el caso hasta fines de junio o principios de julio, aunque, según analistas, la inusual y delicada naturaleza del tema podría llevar a adelantar la fecha de publicación.