Redacción Negocios Now
El presidente Donald Trump sumó nuevas derrotas a su urgencia por imponer medidas autoritarias desde que regresó a la Casa Blanca. Varios jueces fallaron en contra de órdenes ejecutivas en materia de inmigración y educación.
Un juez federal prohibió a la administración negar o condicionar el uso de fondos federales a ciudades “santuario”, argumentando que partes de las órdenes ejecutivas de Trump eran inconstitucionales. Otro juez frenó su intención de solicitar a los electores demostraran su ciudadanía al registrarse para votar.
Mientras que tres jueces, dos de ellos nombrado por Trump en su periodo anterior, fallaron en contra de la orden al Departamento de Educación de retener fondos federales a las escuelas que no prohibieran las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
A través de una carta enviada en febrero a los planteles, el departamento advirtió que a partir de este mes, “las escuelas que reciben fondos federales estarán sujetas a ciertos mandatos de certificación que les exigen entregar información sobre su cumplimiento con la prohibición de iniciativas DEI”.
La jueza federal de distrito Landya McCafferty, designada por el ex presidente Barack Obama, afirmó en el dictamen que la medida del gobierno constituía una “discriminación basada en puntos de vista clásicos”, violando las protecciones a la libertad de expresión de la Primera Enmienda.
McCafferty, del distrito de New Hampshire,, y la jueza federal de distrito en Washington, D.C., Dabney Friedrich, designada por Trump, concluyeron que la política era “inconstitucionalmente vaga”, y que la agencia violó los pasos procesales requeridos por la ley en su implementación.
Otro fallo en contra del gobierno federal fue el de la jueza de distrito con sede en Baltimore, Stephanie Gallagher, designada por Trump, quien encontró que la carta enviada a las escuelas “infringía los requisitos procesales exigidos por ley para la implementación de nuevas políticas de la agencia”.
La administración Trump ya ha suspendido programas DEI, arrestado a estudiantes internacionales, revocando sus visas, y congelado la financiación federal para las escuelas que se han negado a ceder a sus exigencias. Después del fallo de los jueces, dio marcha atrás a una de estas acciones relacionadas.
Durante una audiencia, un abogado del Departamento de Justicia anunció que ICE estaba en proceso de restablecer los registros de miles de estudiantes internacionales que habían sido dados de baja por status migratorio, no solo de aquellos que presentaron demandas.
En tanto, la jueza de distrito con sede en Washington, D.C., Colleen Kollar-Kotelly, designada por el ex presidente Bill Clinton, bloqueó la disposición que exige evaluar la ciudadanía de una persona antes de proporcionarle un formulario de registro de votante.
Kollar-Kotelly dictaminó que: “Nuestra Constitución confía al Congreso y a los estados, no al presidente, la autoridad para regular las elecciones federales”. Consideró casos presentados por grupos no partidistas, así como una demanda de estados demócratas.
Mientras que el juez federal de distrito en California, William Orrick prohibió al gobierno de Trump negar o condicionar fondos federales a jurisdicciones “santuario” que limitan la cooperación migratoria, argumentando que partes de las órdenes ejecutivas eran inconstitucionales.
En respuesta a una demanda de más de una docena de municipios, Orrick, nombrado por Obama, prohibió “tomar directa o indirectamente cualquier medida para retener, congelar o condicionar fondos federales”. Trump intentó pasar una orden ejecutiva similar durante su primer mandato.