Washington- El futuro de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama vuelve a estar en manos del Tribunal Supremo, que hoy escuchó muy dividido los argumentos de una demanda contra los subsidios federales para comprar seguros médicos, una pieza clave de la ley.
El Supremo salvó en 2012 la reforma, considerada el mayor logro en política nacional de Obama, con un fallo en el que avaló su constitucionalidad, pero en noviembre pasado anunció su decisión de aceptar esta nueva demanda contra la ley.
El fallo se espera para junio y, si el Supremo se pronuncia a favor de los demandantes, cuatro residentes del estado de Virginia, la reforma sanitaria promulgada en 2010 sufriría un duro golpe e incluso su supervivencia estaría en riesgo.
Los nueve jueces del alto tribunal se mostraron hoy muy divididos al escuchar los argumentos de ambas partes, primero del representante de los demandantes, Michael Carvin, y después del abogado del Gobierno, Donald B. Verrilli, durante unos 90 minutos.
Lo que deben decidir los jueces es sin son legales los subsidios que el Gobierno federal otorga a personas de bajos y medios ingresos en, al menos, 34 estados para poder comprar un seguro médico.
Los demandantes argumentan que la ley establece textualmente que esos subsidios solo pueden ofrecerse en los llamados “intercambios” de seguros ofrecidos “por cada estado”, no en los que gestiona el Gobierno federal, que son mayoría.
Si el Supremo declara que los subsidios federales no son legales, entre 7 y 8 millones de personas que actualmente los reciben los perderían y eso generaría un aumento en el precio de los seguros, lo que, en la práctica, pondrían en peligro a la propia reforma sanitaria, según los expertos.
Como se esperaba, los cuatro magistrados más progresistas (Stephen G. Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) defendieron hoy la legalidad de los subsidios, pero para que su opinión prevalezca necesitan al menos el apoyo del juez John Roberts, presidente del alto tribunal, o del juez Anthony Kennedy.
Roberts, que redactó el fallo que en 2012 declaró constitucional la reforma sanitaria de Obama, no dejó entrever hoy su opinión.
Pero Kennedy, que votó en 2012 contra la reforma, consideró que el argumento de los demandantes plantea un “serio problema constitucional” que afecta a las relaciones entre los estados y el Gobierno federal.
A juicio de Kennedy, es preocupante entender la ley como lo hacen los demandantes, porque esa interpretación lleva a un escenario en el que los estados son prácticamente coaccionados a crear sus propios mercados de seguros para poder ofrecer subsidios.
En esa línea, el abogado Verrilli subrayó que la intención del Congreso al aprobar la ley en 2010 no fue coaccionar a los estados, sino que, al contrario, se trató de promover la “flexibilidad” para que establecieran sus propios mercados o lo dejaran en manos del Gobierno federal.
Por contra, en nombre de los demandantes, Carvin sostuvo que el Congreso dejó claro, “en los términos más fuertes posibles” al redactar la ley, que quería que los estados establecieran sus mercados y limitar los subsidios a los que así lo hicieran.
A las puertas del Supremo se concentraron, con pancartas y cánticos, defensores y detractores de la ley.
Mientras, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se declaró hoy en su rueda de prensa diaria “satisfecho” con la defensa de la ley que hizo Verrilli ante el Supremo, y recordó que la reforma ha cambiado la vida a “millones” de estadounidenses.
“La ley está de nuestro lado”, subrayó el portavoz de Obama al descartar que el Gobierno tenga un “plan B” en caso de que el Supremo falle en su contra.
La llamada Ley de Cuidado Asequible de la Salud (ACA, en inglés) busca extender la cobertura médica a toda la población y establece la obligatoriedad de adquirir un seguro, su parte más controvertida y duramente cuestionada por la oposición republicana.
De hecho, los republicanos han intentado decenas de veces eliminar la ley en el Congreso, donde tienen mayoría en ambas cámaras desde enero, aunque sin éxito
