EE. UU. incrementa gasto en vigilancia tecnológica en 2026

Redacción Negocios Now

Un informe reciente de organizaciones de derechos digitales y análisis de contratación federal reveló que las agencias de inmigración de Estados Unidos han gastado más de $513 millones en tecnología de vigilancia durante 2026, una cifra que ha generado preocupación entre defensores de privacidad y organizaciones civiles.

El estudio, elaborado por colectivos como Mijente, Just Futures Law y Surveillance Resistance Lab, analizó contratos de ICE (Immigration and Customs Enforcement) y CBP (Customs and Border Protection) con 11 compañías tecnológicas, y concluyó que el gasto en herramientas de monitoreo, rastreo y análisis de datos se ha duplicado en apenas dos años, pasando de poco más de $310 millones en 2025 a más de $500 millones este año.

Según el informe, este aumento está impulsado principalmente por contratos con empresas como Palantir, especializada en análisis de datos, y Anduril, dedicada a sistemas de vigilancia fronteriza, drones y torres de sensores automatizados. Estas tecnologías permiten el seguimiento de movimientos, el procesamiento masivo de información y la identificación de personas en entornos físicos y digitales.

El documento también señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no solo adquiere tecnología ya desarrollada, sino que participa activamente en la creación del ecosistema tecnológico mediante programas de financiamiento e incubación que ayudan a empresas privadas a desarrollar herramientas de vigilancia desde etapas tempranas.

Organizaciones autoras del informe advierten que este modelo ha convertido a la inmigración y el control fronterizo en uno de los principales motores del crecimiento de la industria de vigilancia en EE.UU., con implicaciones que van más allá de la política migratoria. Entre los principales riesgos mencionan la expansión del uso de reconocimiento facial, la recolección de datos de terceros y el acceso a información personal sin suficiente supervisión judicial.

Por su parte, defensores de derechos civiles alertan de que la falta de transparencia en estos contratos dificulta evaluar el impacto real sobre la privacidad de ciudadanos y migrantes, mientras el volumen de inversión continúa aumentando año tras año.

En paralelo, el debate en Washington se intensifica sobre los límites del uso de tecnología de vigilancia en tareas de seguridad nacional, en un contexto en el que la frontera entre seguridad y control masivo de datos se vuelve cada vez más difusa.