Redacción Negocios Now
Los inmigrantes que buscan residir y trabajar legalmente en Estados Unidos deberán someterse a un nuevo escrutinio sobre posibles posturas “antiamericanas”, informaron autoridades este martes.
Según un reporte de The Associated Press (AP), la medida ha despertado críticas por otorgar a los oficiales de inmigración un margen amplio y subjetivo para rechazar solicitudes.
De acuerdo con AP, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que evaluará si los solicitantes de beneficios migratorios —como la residencia permanente— han “respaldado, promovido o difundido” ideologías consideradas antiestadounidenses, terroristas o antisemitas.
“Los beneficios de Estados Unidos no deben entregarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas”, dijo en un comunicado Matthew Tragesser, portavoz de USCIS. “Vivir y trabajar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”.
Sin embargo, el Gobierno no ha definido qué se entenderá por “antiamericanismo”, ni ha aclarado cómo y cuándo se aplicará la nueva disposición.
Para Elizabeth Jacobs, directora de políticas en el Center for Immigration Studies —organización que promueve mayores restricciones migratorias—, el mensaje es que las agencias serán “menos tolerantes” con expresiones antiestadounidenses o antisemitas al tomar decisiones migratorias. No obstante, subrayó que la discreción de los oficiales sigue siendo central.
Críticos consideran que la medida abre la puerta a interpretaciones arbitrarias y prejuicios personales. “Lo preocupante es que se permite que estereotipos y sesgos implícitos influyan en estas decisiones”, señaló Jane Lilly López, profesora de sociología en la Universidad Brigham Young, según la AP.
La nueva política se suma a otras implementadas desde la administración Trump, como la revisión de redes sociales de solicitantes y la exigencia de demostrar “buen carácter moral” al naturalizarse, lo que incluye no solo la ausencia de conductas indebidas, sino también pruebas de atributos positivos.
“Esto implica mucho más trabajo para el solicitante, que deberá demostrar con evidencias que cumple los estándares del Gobierno”, agregó López.
El alcance constitucional de la medida es objeto de debate. Jacobs sostuvo que la Primera Enmienda no ampara a personas fuera de EE.UU., ni a quienes no son ciudadanos. Pero Ruby Robinson, abogado del Michigan Immigrant Rights Center, afirmó que la Constitución y la Declaración de Derechos protegen a todas las personas dentro del país, sin importar su estatus migratorio. “Muchas de estas políticas invaden derechos constitucionales y deberán resolverse en los tribunales”, advirtió.