Redacción Negocios Now
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que no hará cumplir una ley contra el lavado de dinero que obliga a millones de entidades comerciales a revelar la identidad de sus verdaderos propietarios beneficiarios, según reportó Yahoo Finance.
El reporte explica que la Administración de Trump se ha opuesto a la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, CTA), promulgada durante la era Biden, argumentando que representa una carga para las entidades de bajo riesgo. Hasta ahora, la legislación ha enfrentado múltiples desafíos legales.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro declaró que no impondrá sanciones bajo esta ley a ciudadanos estadounidenses, ni a empresas.
“El Tesoro toma esta medida en interés de apoyar a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente y a las pequeñas empresas”, señaló, agregando que tenía la intención de emitir una normativa para reducir el alcance de la ley a empresas.
La Ley de Transparencia Corporativa fue aprobada en 2021 como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act), con el objetivo de cerrar las lagunas legales que han permitido el uso de empresas fantasma para ocultar fondos ilícitos.
La CTA obliga a la mayoría de las empresas estadounidenses a informar sobre sus propietarios reales a la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro.
Desde su promulgación, la ley ha sido objeto de críticas y desafíos legales, principalmente por parte de grupos empresariales y legisladores republicanos que argumentan que impone cargas excesivas a pequeñas empresas y entidades de bajo riesgo.
La Administración de Trump se opuso a la implementación de la CTA, alegando que afectaba de manera desproporcionada a pequeñas empresas y que su cumplimiento suponía una carga regulatoria innecesaria. Esta postura ha sido respaldada por grupos de presión empresariales y algunos sectores de la industria financiera.
En enero de 2024, un tribunal federal en Alabama falló en contra de la ley, argumentando que violaba la Constitución de EE.UU. al obligar a empresas privadas a divulgar información sobre sus propietarios. Este fallo llevó al Departamento del Tesoro a anunciar que no haría cumplir las disposiciones de la ley, ni impondría sanciones a ciudadanos estadounidenses o empresas nacionales que no cumplieran con el requisito de informar sobre sus beneficiarios reales.
