Redacción Negocios Now
Dos docenas de estados y ciudades liderados por demócratas han presentado demandas legales contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, quien busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Este enfrentamiento legal constituye un desafío constitucional significativo a una de las políticas más controversiales de su Administración Trump, según reportó CNN.
Disputa constitucional
Las demandas argumentan que la orden ejecutiva firmada por Trump viola la Enmienda 14 de la Constitución, que establece el derecho de ciudadanía para todas las personas nacidas en Estados Unidos. “A pesar de los amplios poderes presidenciales para establecer políticas de inmigración, la Orden de Eliminación de Ciudadanía va mucho más allá de los límites legales de la autoridad del presidente”, afirma una de las demandas presentada por 18 estados, Washington D.C. y San Francisco.
Matthew Platkin, fiscal general demócrata de Nueva Jersey y colíder de la demanda, defendió el derecho constitucional en declaraciones a CNN. “La ciudadanía por nacimiento ha sido parte del tejido de esta nación durante siglos. Está en la Constitución desde hace 157 años, desde la Guerra Civil, y ha sido ratificada por la Corte Suprema en dos ocasiones. El presidente no puede, con un solo golpe de pluma, reescribir la Constitución y socavar el estado de derecho”, afirmó.
Implicaciones de la orden
La orden ejecutiva firmada por Trump prohíbe a las agencias federales emitir documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense para ciertos niños nacidos en el país. Esta medida se aplica a los hijos de padres que están en el país sin autorización legal o en circunstancias temporales, como visas de turismo, donde el padre también es un no ciudadano.
El argumento central de la orden radica en la frase “sujeto a la jurisdicción” contenida en la Enmienda 14. Algunos sectores argumentan que los hijos de inmigrantes indocumentados no cumplen con esta condición. Sin embargo, expertos legales consideran que esta interpretación es débil. Según ellos, el lenguaje de la enmienda estaba destinado a excluir a hijos de diplomáticos extranjeros o de naciones ocupantes, no a personas que residen en el país.
Impacto en las comunidades
Las demandas destacan las graves consecuencias sociales y económicas de la orden. Según los estados demandantes, al menos 150,000 niños nacidos en el país quedarían sin estatus legal, si la medida se implementa.
“Bajo esta orden, estos niños carecerán de cualquier estatus legal a los ojos del Gobierno federal. Serán deportables y muchos de ellos quedarán apátridas”, argumenta la demanda. Esto, según los estados, aumentaría la carga financiera en sistemas estatales para proveer servicios de salud, educación y bienestar, ya que los no ciudadanos no tienen acceso a programas federales.
Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, calificó la orden como un ataque directo a las comunidades estadounidenses. “Si no se detiene en los tribunales, dijo, esto realmente afecta el corazón de las comunidades estadounidenses, no solo con el ataque a la ciudadanía por nacimiento, sino también con otras medidas de control migratorio de esta Administración”.
Preparativos para el litigio
Desde que Trump expresó su intención de eliminar la ciudadanía por nacimiento años atrás, organizaciones como la ACLU y estados opositores han estado preparándose para enfrentar la medida. En su demanda, la ACLU incluye como demandantes a futuros padres afectados directamente por la orden.
Además, estados como Washington, Arizona, Oregón e Illinois presentaron una demanda adicional en un tribunal federal de Seattle, dentro del 9º Circuito, conocido por su inclinación progresista. Ambas demandas buscan órdenes judiciales preliminares que bloqueen la implementación de la orden mientras avanzan los casos.
Una lucha clave en los tribunales
La controversia podría convertirse en el primer enfrentamiento importante en la Corte Suprema para la agenda del segundo mandato de Trump. Sin embargo, con precedentes que han respaldado la ciudadanía por nacimiento, los demandantes confían en que los méritos de su caso pesarán a su favor.
Como concluye Platkin, “este no es solo un debate político. Es un ataque directo a la Constitución y a los valores fundamentales de nuestra nación”.
