Corte Suprema rechaza proteger a la industria del transporte marítimo

El fallo en el caso Montgomery v. Caribe Transport genera preocupación entre las empresas de logística, que advierten sobre mayores costos e incertidumbre jurídica.

Redacción Negocios Now

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó intervenir para limitar la responsabilidad legal de los corredores de carga en el transporte terrestre de mercancías, una decisión que podría transformar el funcionamiento de la industria logística.

El fallo, emitido en el caso Shawn Montgomery v. Caribe Transport II, LLC, et al., permite que los estados continúen aplicando sus propias normas y criterios judiciales sobre la responsabilidad de los intermediarios que coordinan envíos de carga con empresas de transporte por camión.

La decisión fue recibida con preocupación por grupos empresariales y representantes del sector del transporte, quienes sostienen que la ausencia de una regulación federal uniforme podría derivar en un sistema fragmentado de reglas estatales con consecuencias económicas para toda la cadena de suministro.

La disputa judicial giraba en torno a una pregunta clave: si un corredor de carga puede ser considerado legalmente responsable por contratar a una empresa transportista que luego incurre en negligencia o provoca un accidente. Hasta ahora, la industria defendía que la legislación federal sobre transporte interestatal limitaba ese tipo de demandas estatales para mantener estándares homogéneos en todo el país.

Sin embargo, con esta resolución, la Corte deja abierta la puerta a que tribunales estatales interpreten y apliquen distintos criterios sobre la responsabilidad civil de los intermediarios logísticos.

La National Federation of Independent Business, una de las organizaciones empresariales que respaldó a la industria mediante un escrito presentado ante la Corte, advirtió que el fallo aumentará los costos operativos y la incertidumbre jurídica para pequeñas y medianas empresas.

Según Beth Milito, directora del Centro Legal para Pequeñas Empresas de la NFIB, la decisión “elimina la claridad y consistencia” en los estándares nacionales de seguridad para el transporte terrestre.

El sector teme que los corredores de carga —empresas que conectan a fabricantes y distribuidores con compañías de camiones— enfrenten un aumento de demandas judiciales y seguros más costosos. Como consecuencia, las compañías podrían endurecer los requisitos para contratar transportistas o trasladar esos costos a consumidores y empresas.

Expertos en logística señalan que el impacto podría sentirse especialmente en pequeñas empresas que dependen de redes de transporte interestatal para mover mercancías, alimentos, productos industriales y suministros médicos.

Los defensores del fallo, en cambio, sostienen que permitir acciones judiciales a nivel estatal fortalece la seguridad vial y obliga a los corredores de carga a supervisar mejor a las empresas que contratan.

El debate sobre la responsabilidad de los corredores de carga se ha intensificado en los últimos años debido al crecimiento del comercio electrónico y la presión sobre las cadenas logísticas nacionales. Los corredores cumplen un rol central en el sistema de transporte estadounidense, ya que coordinan millones de envíos entre empresas y transportistas independientes.

La controversia legal se relaciona con la llamada “preemption” federal, un principio jurídico mediante el cual ciertas leyes nacionales pueden desplazar regulaciones estatales. La industria del transporte argumentaba que la Ley Federal de Administración de Aviación de 1994 limitaba las demandas estatales contra corredores de carga para evitar regulaciones inconsistentes entre estados.

No obstante, distintos tribunales federales emitieron fallos contradictorios en los últimos años sobre el alcance de esa protección, lo que llevó el conflicto hasta la Corte Suprema.

Aunque el máximo tribunal decidió no bloquear este tipo de demandas, especialistas consideran que el tema seguirá generando litigios y posiblemente nuevas iniciativas legislativas para establecer reglas más claras sobre la responsabilidad en el transporte de mercancías en Estados Unidos.