Redacción Negocios Now
La Corte Suprema permitió al presidente Donald Trump revocar el programa migratorio que concede un estatus legal temporal en Estados Unidos a cerca de 350,000 venezolanos, lo que podría exponerlos a la deportación.
La orden del tribunal, con solo un voto en contra, suspendió el fallo de un juez federal de San Francisco, CA, que mantuvo vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para estos inmigrantes, el cual de otro modo habría expirado el pasado 7 de abril. Los jueces no ofrecieron justificación a su decisión.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional calificó la decisión del tribunal una “victoria para el pueblo estadounidense y la seguridad de nuestras comunidades” afirmó que el gobierno de Trump está restableciendo la integridad del sistema migratorio para mantener al país y a su gente seguros.
El estatus otorgado a los venezolanos por la administración Biden, permite a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen se consideran inseguros para el regreso debido a desastres naturales o conflictos civiles.
Cuando tomó posesión de su cargo, en enero pasado, el presidente Trump decidió acabar con el TPS para venezolanos y otros grupos de inmigrantes, por lo que frenó una extensión de la protección firmada por su antecesor antes de que entrara en vigor, en abril y septiembre según el país de origen.
Sin embargo, a finales de marzo un juez federal en California recibió una demanda al respecto y decidió bloquear el intento de Trump por acabar con el TPS para los venezolanos, alegando que la decisión causaba un daño irreparable a quienes se han acogido a dicha protección y sus familias.
El juez de California consideró que el gobierno federal no había demostrado ningún perjuicio causado por mantener el programa, y que su expiración amenazaba con afectar la vida de miles de personas, con graves pérdidas de actividad económica.
Los abogados de la administración Trump alegaron que el TPS para los venezolanos iba en contra del interés nacional y que una corte menor, como la de San Francisco, CA, no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria urgentes. Solicitaron a la Corte Suprema anular la orden de un juez en menor instancia.
La defensa del ejecutivo argumentó que el dictamen del juez de California en contra de la decisión de acabar con el TPS para los inmigrantes del país sudamericano era una obstrucción inadmisiblemente de la facultad del gobierno federal en materia de inmigración y asuntos exteriores.
También aseguró que la terminación del TPS no significaba una orden de deportación definitiva, por lo que los venezolanos podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en el país. El litigio del caso está previsto que continúe ahora en cortes inferiores.
La Casa Blanca mantiene vigente el programa migratorio de Estatus de Protección Temporal para inmigrantes de otras nacionalidades como los salvadoreños, unas 200,000 personas que se encuentran protegidas desde 2001. El TPS fue creado por el Congreso estadunidense en 1990.