Corte Suprema permite a Trump reanudar deportaciones a terceros países
El máximo tribunal suspendió una orden que exigía garantías para los migrantes antes de ser enviados a países distintos al suyo.
Redacción Negocios Now
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió temporalmente a la administración del presidente Donald Trump reanudar las deportaciones de migrantes hacia países que no son sus lugares de origen, mientras el máximo tribunal analiza si esta política cumple con la legislación federal y la Constitución.
La decisión, adoptada el martes 29 de septiembre, suspende por ahora una resolución de tribunales inferiores que exigía al gobierno notificar a los migrantes con anticipación y darles la oportunidad de argumentar que podrían enfrentar persecución o tortura en el país al que serían enviados. La Corte Suprema tiene previsto escuchar los argumentos del caso en diciembre.
Una política que afecta a miles de migrantes
Las llamadas deportaciones a “terceros países” se producen cuando una persona con una orden final de expulsión es enviada a un país distinto de aquel del que es ciudadano.
La administración Trump ha establecido acuerdos con varios países de América Latina y África para recibir a personas deportadas desde Estados Unidos. Según documentos judiciales y organizaciones que siguen el programa, más de 25,000 migrantes han sido enviados a más de dos docenas de países desde que comenzó a intensificarse esta política. La mayoría de los deportados han sido enviados a México, aunque también se han producido expulsiones hacia países como Liberia, Guyana, Uganda, Guinea Ecuatorial y la República Centroafricana.
El gobierno sostiene que esta herramienta es necesaria especialmente cuando los países de origen no aceptan el retorno de determinadas personas o cuando existen restricciones legales que impiden enviarlas directamente a sus países de ciudadanía.
El conflicto gira en torno al debido proceso
El caso ante la Corte Suprema se centra, entre otros aspectos, en los derechos de los migrantes antes de ser enviados a un tercer país.
Un tribunal federal de Massachusetts había determinado que las autoridades debían proporcionar una notificación adecuada y permitir que los afectados plantearan objeciones relacionadas con posibles riesgos de persecución o tortura. Un tribunal federal de apelaciones mantuvo posteriormente esa conclusión.
Los abogados de los migrantes argumentan que una persona no puede ejercer efectivamente su derecho a impugnar una deportación si desconoce de antemano el país al que será enviada.
El gobierno, por su parte, sostiene que las restricciones impuestas por los tribunales han dificultado las operaciones de deportación y provocado la cancelación de vuelos. Según documentos presentados ante la Corte Suprema, una de las órdenes judiciales llevó recientemente a cancelar un vuelo que transportaría aproximadamente a 70 personas.
La Corte Suprema decidirá el fondo del caso
La orden del 29 de septiembre no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad de las deportaciones a terceros países. Los magistrados acordaron analizar el caso durante su próximo período de sesiones y escuchar los argumentos en diciembre.
Entre las cuestiones que deberán examinar se encuentra si la política viola las leyes federales, la cláusula constitucional de debido proceso u otras normas aplicables a los procedimientos migratorios. Una decisión definitiva podría llegar posteriormente, durante el actual período de la Corte.
Tres magistradas —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— se opusieron a la solicitud de emergencia presentada por el gobierno para suspender la orden de los tribunales inferiores.
Una pieza central de la política migratoria de Trump
La disputa judicial se produce mientras la administración Trump mantiene una amplia estrategia de deportaciones y ha convertido la expulsión de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos en una de sus principales prioridades.
Para el gobierno, los acuerdos con terceros países amplían las posibilidades de ejecutar órdenes de deportación cuando el retorno directo al país de origen resulta complicado.
Los grupos que representan a los migrantes cuestionan, en cambio, que una persona pueda ser trasladada rápidamente a un país con el que no tiene vínculos sin disponer previamente de una oportunidad significativa para explicar por qué considera que su seguridad estaría en peligro.
Por ahora, la Corte Suprema ha permitido que el programa continúe. Pero su decisión final, después de los argumentos previstos para diciembre, determinará si esta modalidad de deportación puede mantenerse bajo las condiciones que defiende la administración federal.
