Redacción Negocios Now
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, con una ajustada votación de cinco contra cuatro, permitió a la Administración de Donald Trump seguir adelante, de momento, con su plan de recortar 783 millones de dólares en programas de investigación de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) centrados en minorías.
La decisión supone un duro golpe para universidades, hospitales y centros científicos que dependen de estas ayudas, consideradas vitales en áreas como el cáncer de mama, el Alzheimer o la depresión, enfermedades que afectan con mayor incidencia a comunidades vulnerables.
La medida se enmarca en la ofensiva del Gobierno republicano contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión, bajo el argumento de que determinados estudios —como los vinculados a identidad de género, desigualdades sociales o reticencias frente a las vacunas— se alejan de la “misión central” de los NIH.
Una batalla legal abierta
El caso se originó en Boston, cuando el juez William Young ordenó en junio medidas cautelares para frenar los recortes, tras una demanda de 16 estados demócratas. Ahora, el Supremo ha revocado esas cautelares, aceptando el argumento del Departamento de Justicia de que el litigio debía resolverse en el Tribunal de Reclamaciones Federales, especializado en casos financieros contra el Gobierno.
La decisión no fue unánime dentro del propio bloque conservador: el presidente del Supremo, John Roberts, se alineó con las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, en contra de levantar las medidas cautelares.
Al mismo tiempo, en otro fallo paralelo también decidido por cinco votos contra cuatro, la Corte rechazó la petición del Gobierno de anular la sentencia de Young que calificaba de probablemente ilegales las instrucciones de la Administración para negar fondos en áreas vinculadas a diversidad, inclusión y salud pública.
Impacto en la comunidad científica
Los recortes afectan directamente a los NIH, considerados la mayor fuente de financiación de investigación biomédica en el mundo. Expertos advierten que la retirada de estas partidas ya está teniendo consecuencias: despidos en laboratorios, suspensión de proyectos en curso y retrasos en investigaciones críticas que afectan de manera desproporcionada a comunidades históricamente marginadas.
Para los demandantes —los estados demócratas—, el criterio del Gobierno federal es arbitrario e inconsistente, ya que los temas vetados no están claramente definidos y la aplicación de la política ha sido desigual. El proceso judicial seguirá su curso, pero mientras tanto la Administración podrá seguir aplicando los recortes.
Con esta decisión, el Supremo refuerza el margen de maniobra de la Casa Blanca en su intento de redefinir qué investigaciones merecen apoyo público, en un pulso que marcará el futuro de la ciencia estadounidense y su capacidad para abordar desigualdades en salud.