Redacción Negocios Now
Casi el 97 % de las personas inmigrantes detenidas durante la operación “Midway Blitz” en Chicago, realizada bajo la Administración de Donald Trump, no tenía ninguna condena penal, de acuerdo con registros presentados ante un tribunal federal.
Estos datos contradicen de forma contundente la narrativa del Gobierno, que ha descrito estas redadas migratorias como una estrategia para combatir el crimen y expulsar a los “peores de los peores”.
Según la información entregada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el marco de una demanda, de las 614 personas arrestadas desde que empezó el operativo en septiembre, solo 16 contaban con antecedentes penales significativos.
Diez de ellas habían sido condenadas o enfrentaban cargos por algún tipo de agresión, violencia física o violencia doméstica. Una persona fue condenada por atraer a un menor con fines delictivos y secuestro, otra fue catalogada como “criminal extranjero” y dos tenían condenas por conducir bajo los efectos del alcohol.
El resto de las personas detenidas en la operación de deportación en Chicago no tenía ni condenas penales, ni cargos pendientes, según los mismos registros.
En una columna etiquetada como “Riesgo para la seguridad pública”, las autoridades federales clasificaron a unas tres docenas de los detenidos como de “alto” riesgo.
Sin embargo, la gran mayoría fue calificada como de bajo riesgo para la seguridad pública, aunque casi todos fueron descritos como “riesgo de fuga”.
Esta información fue presentada en el caso Castañon Nava vs. Departamento de Seguridad Nacional, en el que los demandantes acusan al DHS de violar un acuerdo judicial de 2022 que limita la capacidad de los agentes migratorios de detener personas sin una orden judicial.
El DHS también entregó al tribunal otro documento en el que describe a 39 detenidos adicionales como amenazas a la seguridad, pero no ofreció explicación sobre por qué fueron clasificados de esa manera, según indicó un portavoz del National Immigrant Justice Center, una de las organizaciones que representa a los demandantes.
La distancia entre los antecedentes reales de las personas detenidas y el discurso del Gobierno, que presenta a los inmigrantes sin autorización como criminales peligrosos, se ha convertido en un patrón desde que Trump volvió a la Casa Blanca.
El mismo día de su investidura, firmó una orden ejecutiva que eliminó las políticas que daban prioridad a la detención y deportación de personas con antecedentes graves.
Una tendencia similar se observó a principios de este año en operativos de alto perfil en el sur de California. Mientras Trump aseguraba públicamente que se estaba expulsando a criminales y a los “peores de los peores”, datos recopilados por el Deportation Data Project de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley mostraron que la mayoría de las personas arrestadas no tenía antecedentes serios.
En el área de Los Ángeles, más de dos tercios de los 722 inmigrantes detenidos entre el primero y el 10 de junio no tenían condenas penales y el 58 % nunca había enfrentado cargos criminales.
Frente a la información revelada sobre Chicago, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, calificó los datos como “horriblemente engañosos” en una declaración enviada a The Guardian. Afirmó que, a nivel nacional, el 70 % de las personas arrestadas por ICE tiene condenas o cargos pendientes.
Sin embargo, de acuerdo con el rastreador de datos del mismo diario, la cifra real es del 64 %, y, aun así, representa un cambio drástico en comparación con los últimos meses del Gobierno de Joe Biden, cuando solo el 6 % de los detenidos carecía de antecedentes o cargos pendientes.
The Guardian también ha informado previamente que las personas sin condenas ni procesos abiertos constituyen hoy el grupo más grande dentro de la población detenida por ICE, alrededor del 36 % del total.