Redacción Negocios Now
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la promulgación de la “Ley de Mejora de la Calidad de Vida de los Miembros del Servicio y de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2025”. Esta Ley autoriza las asignaciones presupuestarias para el año fiscal, principalmente para el Departamento de Defensa, los programas de seguridad nacional del Departamento de Energía, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y la Comunidad de Inteligencia.
El proyecto de ley H.R. 5009 “proporciona beneficios vitales para el personal militar y sus familias e incluye disposiciones esenciales para apoyar la defensa nacional, las relaciones exteriores y la seguridad interna de nuestro país. Si bien estoy complacido de respaldar los objetivos fundamentales de la ley, debo señalar que ciertas disposiciones de la misma generan preocupaciones”, indicó Biden en una declaración.
El mandatario subrayó, asimismo, que “algunas disposiciones de la ley podrían, en determinadas circunstancias, interferir con el ejercicio de mi autoridad constitucional para articular las posiciones de los Estados Unidos en negociaciones internacionales o foros internacionales”.
En este sentido, reconoció que “no corresponde únicamente al presidente determinar el contenido completo de la política exterior de la nación” y que hará “todo lo posible para actuar en consonancia con estas directrices. De hecho, no necesariamente me opongo a muchos de los objetivos de estas disposiciones. Sin embargo, no las trataré como limitaciones a mi discreción constitucional para expresar las opiniones de los Estados Unidos ante organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros”, puntualizó.
Biden recordó que “la Constitución otorga al presidente la autoridad para evitar la divulgación de información altamente sensible con el fin de cumplir con su responsabilidad de proteger la seguridad nacional. Al mismo tiempo, subrayó, los comités del Congreso tienen necesidades legítimas para realizar funciones vitales de supervisión y legislativas en relación con asuntos de seguridad nacional y militar”.
En consecuencia, remarcó, “ha sido práctica común del poder ejecutivo cumplir con los requisitos legales de presentación de informes de manera que satisfaga las necesidades del Congreso, conforme a la práctica tradicional de acomodación y con el debido respeto por la protección contra la divulgación no autorizada de información clasificada relacionada con fuentes y métodos de inteligencia sensibles u otros asuntos excepcionalmente delicados, así como para preservar la confidencialidad de las deliberaciones internas del poder ejecutivo, particularmente en lo que respecta a decisiones relacionadas con la seguridad nacional de la nación”.
