Redacción Negocios Now
En medio de una crisis creciente de vivienda asequible y personas sin hogar en EE. UU., la Administración del presidente Donald Trump ha planteado una reforma radical del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), proponiendo un límite de dos años para los programas clave de subsidio de renta, como la asistencia pública en viviendas y la Sección 8.
Según reportó The Associated Press (AP), el secretario del HUD, Scott Turner, defendió la medida en una audiencia presupuestaria en el Congreso, argumentando que estas ayudas deben ser temporales y que el sistema actual está plagado de fraudes y desviaciones respecto a su propósito original: brindar apoyo transitorio a quienes lo necesitan. “Está roto. HUD no fue creado para dar asistencia permanente”, aseguró.
Sin embargo, expertos advierten que imponer un límite de tiempo tan estricto tendría consecuencias devastadoras. Un estudio exclusivo de la Universidad de Nueva York (NYU), compartido con AP, estima que más de 1.4 millones de hogares —principalmente familias trabajadoras con hijos— perderían sus subsidios, si se aplicara esta norma. Muchos podrían ser desalojados al no poder asumir los altos costos del mercado actual.
El informe destaca que el 70 % de las familias que se verían afectadas ya llevan más de dos años recibiendo ayuda, y que una política de este tipo generaría “disrupción sustancial” sin precedentes, dado que apenas se ha probado y que la mayoría de los programas piloto similares fueron abandonados por su ineficacia.
Los propietarios privados, quienes administran muchas de las viviendas subsidiadas, también expresan preocupación. Temen que la incertidumbre y el aumento en la rotación de inquilinos afecte su rentabilidad y estabilidad, lo que podría alejarlos del programa. Según datos oficiales, entre 2010 y 2020 unos 50,000 proveedores de vivienda abandonaron el programa de vales, y esta tendencia podría agravarse.
La propuesta aún no figura en el borrador del presupuesto 2026 de HUD que evalúa el Congreso, pero la Administración ha reiterado su intención de implementar estos límites. La portavoz del HUD, Kasey Lovett, defendió la idea argumentando que los subsidios prolongados desincentivan el trabajo entre personas sanas y aptas para laborar.
Sin embargo, defensores de la vivienda y legisladores demócratas, como James Clyburn, advierten que estas medidas no solo no resolverían el problema del presupuesto, sino que incrementarían la inseguridad económica y los sacrificios forzados para millones de familias. “No ayuda a quienes ya están trabajando. Solo genera caos e incertidumbre”, dijo Clyburn.