Administración Trump desafía órdenes judiciales sobre deportaciones

Redacción Negocios Now

El Gobierno de Donald Trump ha solicitado a un juez federal que revoque las órdenes que impiden la deportación de presuntos miembros de una pandilla venezolana, amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, un estatuto poco utilizado.

Entretanto, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha intensificado su resistencia a proporcionar la información detallada que el juez James Boasberg solicitó sobre estas deportaciones. En un intento por frenar el caso, el Gobierno ha pedido a un tribunal de apelaciones que intervenga y suspenda la demanda.

Estas acciones refuerzan la estrategia de la Administración Trump para contrarrestar al juez Boasberg, quien bloqueó temporalmente una de sus políticas de deportación más controvertidas. Ahora, el DOJ ha abierto dos frentes legales: uno para anular las órdenes que detuvieron los vuelos de deportación y otro para evitar revelar información sobre los vuelos que podrían haber ocurrido después de la prohibición judicial.

Trump también arremetió contra el juez en redes sociales, sin mencionarlo directamente, calificándolo de “alborotador y agitador” y sugiriendo su destitución. Estas declaraciones se produjeron días después de que el presidente sugiriera que criticar a los jueces debería ser ilegal.

El lunes, en una audiencia en Washington, la tensión aumentó cuando un abogado del Departamento de Justicia se negó a proporcionar detalles sobre los vuelos en cuestión, argumentando razones de seguridad nacional. El Gobierno insiste en que los vuelos ocurrieron antes de la implementación formal de la orden judicial.

Horas después, el DOJ solicitó al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia que apartara al juez Boasberg del caso, alegando que había adoptado procedimientos “inadecuados y altamente inusuales”. También intentó cancelar una audiencia de última hora, pero sin éxito.

En su apelación, los abogados del Gobierno acusaron al juez de “microgestión judicial” y pidieron suspender el caso para evitar divulgar información confidencial. Argumentaron que el tribunal de distrito estaba exigiendo detalles sensibles que, en muchos casos, no eran relevantes para el caso.

Por su parte, los abogados de cinco de los presuntos deportados defendieron al juez, afirmando que ha hecho esfuerzos para acomodar las preocupaciones del Gobierno, incluso, ofreciendo revisar la información en una instalación de seguridad clasificada.

De momento, el enfrentamiento legal sigue escalando, con el Gobierno de Trump firme en su postura de mantener sus políticas migratorias, a pesar de la intervención judicial.