Facebook acordó pagar a los usuarios de Illinois $ 550 millones para resolver las acusaciones sobre violación de sus derechos de privacidad debido a su función de etiquetado facial, indican reportes de prensa sobre el desarrollo del proceso.
Sin embargo, el dinero no estará disponible de inmediato, faltan detalles del procedimiento para determinar la elegibilidad de los beneficiarios y cómo estos podrán reclamar su indemnización. Además, un juez federal en San Francisco aún debe aprobar el acuerdo.
Otros puntos que se deberán aclarar antes de que se ejecute el dictamen de ley, son, por ejemplo, cómo se tratará a las personas con dos cuentas en Facebook, así como a los usuarios que se mudaron dentro o fuera de Illinois en los últimos años. Eventualmente, aquellos que sean elegibles serán notificados.
“Se estima que entre 5 y 6 millones de usuarios de Facebook en Illinois podrían incluirse en el caso”, dijo Paul Geller, uno de los abogados que representa a los demandantes en el caso. El pago final dependerá de cuántas personas reclamen este beneficio, pero es posible que todos puedan recibir al menos un par de cientos de dólares.
El acuerdo surge de una demanda federal presentada en Illinois hace casi cinco años, contra la violación de Facebook de una ley estatal que protege la información biométrica de los residentes, la cual puede incluir datos de escaneos faciales, de huellas digitales y de iris.
Esto debido a que el 7 de junio de 2011 Facebook dio a conocer sus funciones de sugerencia de etiquetas, disponible en la mayoría de los países, a través de la creación de una plantilla de rostros almacenada, según refieren los informes periodísticos.
Cuando se presentó la demanda, la función de sugerencia de etiquetas de Facebook utilizaba un software de reconocimiento facial para unir las nuevas fotos de los usuarios con otras fotos en las que estaban etiquetados. La función agrupa fotos similares y sugiere los nombres de amigos en las fotos.
Illinois tiene una de las leyes más estrictas de la nación que protege la información biométrica de los residentes. La ley de 2008 obliga a las empresas que recopilan dichos datos a obtener el consentimiento previo de los consumidores, detallando cómo los usarán y cuánto tiempo se guardarán.